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El enfriamiento de la economía era anticipado. La magnitud del enfriamiento no. Las diferencias entre los pronósticos y el dato definitivo de crecimiento de 2023 apremian la activación de políticas contracíclicas —más de lo que ya se había recomendado—, con efectos rápidos de corto plazo y sentando bases para una reactivación de mayor aliento.
Lo dijo con claridad el exministro Ocampo: “Es urgente lanzar una política de reactivación con los elementos que he venido señalando: 1) una reducción más rápida de las tasas de interés, 2) una mejor ejecución de la inversión pública, 3) una política ambiciosa de exportaciones no tradicionales y 4) dar señales claras de confianza. Las acciones en todos estos campos han sido débiles o nulas”. Agregaría, como coletilla de lo anterior, que no se puede esperar a que se materialice el deterioro del mercado laboral —ya con síntomas que se pueden agravar— para activar programas agresivos de empleo a través de proyectos público-privados y con concurrencia de los recursos de la Nación y de los entes territoriales.
No puede olvidarse que los aumentos del desempleo y la informalidad golpean más fuerte a los colombianos con menores ingresos, menos riqueza y menos educación. Esos proyectos productivos de empleo tendrían que ser diseñados de inmediato con un papel protagónico del Departamento Nacional de Planeación, la Unidad del Servicio Público de Empleo, las secretarías de Desarrollo Económico y las cámaras de comercio, con la condición necesaria de acuerdos público-privados y a niveles nacional y subnacional, que pasan, por supuesto, por lijar las asperezas políticas del momento para tener más coordinación que confrontación.
La confianza inversionista debe ser ciertamente fortalecida, con certidumbre y sin poner en riesgo los acuerdos institucionales. No puede perderse de vista, sin embargo, la corresponsabilidad de los privados. La controversia sobre el Presupuesto General de la Nación del 2024 y las válidas preocupaciones por los proyectos de inversión —con el desgaste que representó— dejaron como positivo el acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Cámara Colombiana de Infraestructura para revisar el estado de grandes proyectos de infraestructura. Juan Martín Caicedo, presidente del gremio, manifestó su clara disposición de revisar técnica y financieramente el estado de algunos corredores estratégicos (Quibdó-Medellín, Pasto-Popayán y la vía Bogotá-Villavicencio) para ver la forma de solucionar problemas de ejecución en donde cabe la responsabilidad tanto del Estado como del concesionario. En el marco de esas conversaciones, tiene razón el ministro Ricardo Bonilla en que no puede ocurrir que los recursos girados para los proyectos terminen en fiducias en lugar de ser debidamente ejecutados. Escandaloso el caso de una obra, estancada desde hace cuatro años, que tiene $1,8 billones en una fiducia y a la que se le entregarían $400.000 millones en 2024.
Es necesario evaluar los resultados de los proyectos para tener una ejecución eficiente y eficaz de los recursos de la inversión pública. Es necesaria una mejor articulación público-privada. Para enfrentar el desafío macroeconómico de la desaceleración no sirve dejar capacidades productivas en la banca —con el respectivo doble sentido—. La polarización política obstaculiza la confianza inversionista, que tiene que construirse con diálogos, negociaciones y también con el reconocimiento de corresponsabilidades.
* Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana. @G_HernandezJi
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