¿Qué es lo prioritario?

Para el momento en que comienza la moda de las pirámides se sabían dos cosas. La primera era que una compañía llamada DMG, a través de un método de tarjetas prepago, venía cumpliendo desde hacía varios años con los compromisos de intereses y de comercialización de bienes y servicios. Tanto cumplimiento debía tener su explicación en las ganancias que ofrecía la compañía por algún tipo de operaciones de lavado. Inversionistas y no inversionistas lo sospechaban, pero igual poco o nada hicieron las autoridades para evitar que la empresa creciera como lo hizo.

Lo segundo era que muchas otras firmas aprovecharon el prestigio de DMG para abrir verdaderas pirámides. Es decir, firmas captadoras de dinero que a partir de la promesa de intereses exorbitantes reciben oleadas de ingenuos inversionistas atraídos por el pago cumplido a anteriores clientes. La estafa funciona hasta cuando las nuevas captaciones no son suficientes para pagar las obligaciones adquiridas y los dueños de la pirámide huyen con el capital base aportado por sus clientes. El hecho que DMG haya cumplido durante tanto tiempo con los intereses pactados generó un ambiente de confianza que impidió a la población distinguir entre aquellas firmas creadas para robar a sus ahorradores y aquella que los utilizaba a mutua conveniencia para lavar recursos del narcotráfico.

El resultado final no podía ser otro: millares de inversionistas estafados por las pirámides, una compañía intervenida por las autoridades debido a operaciones de lavado y un gobierno en apuros para ofrecer respuesta no sólo a quienes fueron estafados, sino a los clientes de la firma que cumplía. Lo que no era posible saber era cómo el Gobierno afrontaría la situación y en qué medida atacaría cada uno de estos aspectos.

El tiempo mostraría nuevamente una de las verdades de a puño de las políticas antidrogas del país: que lo prioritario es la persecución al negocio, por encima de los efectos sociales y políticos que éste conlleva. El Gobierno prácticamente no hizo nada para evitar que firmas como DRFE robaran a sus clientes. Lo que contrasta con su postura con DMG, la que intervino para evitar que continuara con sus operaciones de lavado y en el camino provocó que no pudiera seguir cumpliendo con sus clientes. En otras palabras, más importante que roben a los colombianos o pierdan su dinero en compañías inescrupulosas es atacar al narcotráfico. O si se quiere, importa más recibir la aprobación de la comunidad internacional por la persecución del lavado de activos que el Putumayo se declare en paro cívico.

Una gran pregunta queda de lo sucedido: Si existían tantas horas de grabación y sospechas sobre David Murcia Guzmán y si todos los expertos económicos advirtieron lo que se avecinaba, ¿por qué se dejó que las cosas llegaran hasta los robos masivos y el crecimiento sin restricciones de DMG?