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… Y te sacarán los ojos, como lo hicieron con el presidente de Haití, el 7 de julio, 26 exmiembros del Ejército de nuestro país integrantes de un comando asesino. Más de 100 militares retirados colombianos habrían sido contactados para vincularse a ese comando. Esta macabra operación no habría sido posible si no existiera un abundante mercado de matones, cuyo pergamino consiste en estar dispuestos a torturar y quitar la vida de quien sea, a cambio de dinero, luego de haber sido soldados de Colombia.
En esta ocasión fue en Haití. También puede ocurrir dentro del país. Un capitán retirado es señalado como el cerebro del ataque a la Brigada 30 el 15 de junio y al helicóptero en que viajaban el presidente y altos funcionarios el 25 de junio, en Cúcuta.
¿Atroz? Claro. Y repudiable, por violar el derecho a la vida y atentar contra la estabilidad institucional. Pero no debería ser sorprendente. En el Ejército, en la Policía y en los organismos de seguridad hay gente valiosa, noble, con una gran vocación de servicio, que vela cada día por la vigencia de nuestros derechos. Pero también hay gente que ha sido formada o deformada con la idea de que su función es imponerse por la fuerza bruta y hacer justicia por mano propia. Así lo dispuso el Decreto 3398 de 1965, dictado en el gobierno de Guillermo León Valencia, que autorizó crear grupos paramilitares o juntas de autodefensa y entregarles armas de guerra (art. 33, parágrafo 3º).
Luego, el Manual de contraguerrilla, dictado por el comandante general de las Fuerzas Militares en 1969, autorizó “organizar en forma militar a la población civil, para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate” (Disposición 005 de 1969, abril 9, apartado 183 a). Un nuevo manual, dictado en 1987, reiteró esa autorización y mencionó entre “los principales apoyos de combate en contraguerrillas” a las juntas de autodefensa, al lado de la Policía, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval (Disposición 036 de 1987, nov. 12, apartado 83 b.1). El manual de 1987 también previó el “empleo de minas y trampas cazabobos en sitios que frecuentan las guerrillas” (apartado 136 b.4). Los dos manuales consideran al gobierno y la sociedad civil “una masa heterogénea” caracterizada por “la variedad de intereses que los presionan y la parsimoniosa lentitud con que obran”. Las Fuerzas Militares, por el contrario, “enfrentan el problema con realismo y obligan a las demás entidades del gobierno y la sociedad civil a apoyarlas en la lucha contra los alzados en armas” (apartado 17 c.1 y 2).
El Decreto 3398 fue derogado por el presidente Barco (Decreto 815/89) y luego fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema. El Decreto-Ley 356 de 1994 autorizó los servicios de vigilancia y seguridad privada, entre los cuales se incluyeron en 1995 las Convivir. Se legalizaron de nuevo los paramilitares hasta 1997, cuando la Corte declaró su inconstitucionalidad. Pero los manuales de contrainsurgencia siguen vigentes. Y hay grupos sucesores del paramilitarismo actuando. Así, es muy probable que comandos asesinos colombianos sigan sacando los ojos de otras víctimas en cualquier lugar del mundo. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Mercenarios debería venir al país.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
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