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La Comisión de la Verdad formuló 67 recomendaciones en ocho campos: 1. Construir paz (principal prioridad). 2. Restituir la dignidad de las víctimas. 3. Vigorizar la democracia. 4. Reorientar la política antidrogas. 5. Superar la impunidad. 6. Humanizar los organismos de seguridad. 7. Rediseñar la ruralidad en el país. 8. Consolidar una cultura de paz.
En el proyecto de ley del Plan de Desarrollo se propuso que “las entidades del orden nacional sobre las cuales recaigan recomendaciones del Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad las acogerán de forma progresiva según su viabilidad, competencias y capacidades” (art. 8). El Senado rechazó esa norma, y la Cámara la aprobó, precisando que se implementarían las recomendaciones que estén dentro del marco legal y constitucional. La Comisión de Conciliación del proyecto excluyó la norma finalmente.
Lo único que el artículo 8 establecía era un procedimiento para valorar las recomendaciones, de tal forma que se pudieran implementar en la medida de lo posible. Quienes entendieron que se estaba dando un carácter obligatorio a las recomendaciones se equivocaron en esa interpretación.
También se equivocaron en creer que hundiendo el artículo impedirían implementar las recomendaciones. Ciertamente, fue una bofetada a la Comisión, pero el Congreso no aprobó una norma que prohíba acoger las recomendaciones. Ni habría podido hacerlo, pues resultaría quizás inconstitucional.
Una equivocación adicional, garrafal, fue la consideración de algunos acerca de que la política de seguridad debe ser tratada solamente por nacionales. Desde la independencia, Colombia ha contado con extranjeros para la definición y la ejecución de sus operaciones en materia de guerra, defensa y seguridad: el irlandés Daniel O’Leary, edecán de Bolívar; los franceses Manuel Roergas Serviez, Luis Perú de Lacroix, Luis Aury (corsario); el escocés Gregor MacGregor y el estadounidense Alejandro Macaulay, entre muchos otros. En 1962, una misión del Comando Sur recomendó al Gobierno la creación de grupos paramilitares, y así se hizo, sin chistar, para nuestra desgracia. El Plan Colombia implicó una participación decisiva de Estados Unidos en los temas de seguridad del país.
El problema entonces no es si hay o no extranjeros en la definición de asuntos militares y policivos en nuestro territorio, sino si esa política, hecha por colombianos solos o acompañados, está orientada adecuadamente a la protección de la población. No es eso lo que nos ha sucedido, por la prevalencia de la noción del enemigo interno y de la doctrina de seguridad nacional. Hace falta una corrección de fondo en este grave asunto con base en los principios y las obligaciones sobre derechos humanos y derecho humanitario. Quién mejor para hacerlo que expertos internacionales de Naciones Unidas.
Con la esperanza de que se pueda avanzar en la implementación de las recomendaciones de la Comisión y superar el desaire sufrido en el Congreso, me despido de mis lectores y les agradezco por su atención, así como a El Espectador, por haberme acogido en sus páginas desde 2010 y haberme permitido, pese a ser ahora funcionario, concluir esta serie de 23 columnas pedagógicas sobre el informe de la Comisión de la Verdad.
*Embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra.
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