Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La inoperancia de la justicia en Colombia ha sido ostensible. Desde el asesinato de Sucre, en Berruecos en 1830, graves magnicidios han ocurrido sin ser esclarecidos, como los perpetrados contra dirigentes políticos como Uribe Uribe, Gaitán, Lara Bonilla, Pardo Leal, Antequera, Galán, Jaramillo, Pizarro o Gómez Hurtado, u otras destacadas personalidades como Guillermo Cano, monseñor Isaías Duarte o Jaime Garzón. Aquí la impunidad ha sido total. En relación con delitos corrientes, los índices son menos drásticos, pero altos. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, en la mayoría de los departamentos oscilan entre el 40 y el 67 %. En violaciones de derechos humanos la impunidad es mayor: el 99,5 %. Según el Movice (Hacemos memoria, 2019), de 80.000 casos reportados de desaparición forzada a 2018, solo se habían investigado 7.700 y, de estos, apenas 337 tuvieron sentencia condenatoria.
Colombia tiene, entonces, un enorme problema por resolver en materia de justicia. El conflicto armado ha impedido de múltiples formas que se imparta justicia. Pero también el Estado —es decir, el Gobierno, el Congreso, la Rama Judicial y los organismos de control— habría debido hacer más esfuerzos para fortalecer la capacidad institucional en materia de administración de justicia, tanto a través de recursos presupuestales como de voluntad política para proteger los derechos del conjunto de la población y repararlos adecuadamente cuando fueran vulnerados.
El proceso de paz identificó ese problema y creó para el efecto el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Para ello se tuvieron en cuenta los lineamientos desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos en las tres últimas décadas, especialmente plasmados en los Principios Internacionales sobre la Lucha contra la Impunidad y sobre los Derechos de las Víctimas a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, promovidos por Naciones Unidas. En el Acuerdo de Paz se logró que el Estado y los miembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc se comprometieran a contribuir a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
De manera sorprendente, la dirigencia del partido FARC ha revelado que fue la autora del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y de la violación del derecho a la vida de otras personas, y ha anunciado que hará un reconocimiento formal y detallado de estos execrables hechos ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Es entendible que la familia del líder conservador reaccione con desconfianza frente a ese anuncio, que no coincide con las hipótesis que ha manejado frente a su repudiable asesinato. Estamos ante el absurdo de que se pide al partido FARC que demuestre su culpabilidad, cuando lo normal en los procesos penales es el debate por demostrar la inocencia del procesado. Pero tal vez sea un absurdo que, en medio del dolor, nos permita que se comience a hacer justicia de fondo en este país. Es una oportunidad histórica a la cual vale la pena apostarle, por encima de los rencores.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
Conoce más