Tema de debate es lo que hay

Haber dejado en libertad a la mayoría de los 30 mil paramilitares supuestamente desmovilizados, sin exigirles información sobre su dinámica socioeconómica, fue una oportunidad perdida, según la CIDH. Además, la extradición de los jefes, desconociendo jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana, ha frenado los procesos de la Ley 975. Por ello, está pendiente aún la desarticulación de las estructuras económicas, políticas y sociales del paramilitarismo. Además, las estructuras armadas que persisten continúan ejerciendo violencia contra poblaciones vulnerables. Y no pocos desmovilizados son pagados con recompensas del Gobierno por operaciones militares y de inteligencia. La Comisión insta entonces a culminar la tarea de acabar con el paramilitarismo y garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.

En cuanto a comunidades indígenas y afrocolombianas, el reporte resalta las disparidades entre sus precarias condiciones de vida y las del resto de la población. Además, registra 45.339 indígenas víctimas de desplazamiento desde 2002 y 56 homicidios entre enero y mayo de 2009. De manera semejante, reseña casos graves de violencia, desplazamiento y usurpación de tierras contra comunidades afrocolombianas, motivados especialmente por el gran valor de los territorios que habitan, así como por la expansión de la industria de los agrocombustibles mediante palma africana. Atender las necesidades de territorio, salud, educación y justicia de indígenas y afrocolombianos afectados por el conflicto armado es urgente, según la Comisión.

La CIDH expresa también consternación por los crímenes cometidos desde el DAS contra defensores, periodistas, magistrados y miembros de partidos políticos. Destaca el seguimiento realizado contra una delegación de la CIDH que visitó al país en 2005. Algunas de estas actividades de espionaje y hostigamiento fueron ejecutadas por los propios escoltas del DAS asignados a beneficiarios de medidas cautelares amparados por el Programa de Protección del Gobierno. Las operaciones realizadas contra magistrados de la Corte Suprema afectan “gravemente la independencia de la justicia en el país”, sentencia la CIDH. Por lo tanto, pide esclarecimiento judicial de los hechos, se declara vigilante frente a la nueva agencia de inteligencia anunciada y recomienda revisar la Ley 1288 de 2009 sobre inteligencia.

Hay más motivos de inquietud en el informe, como las ejecuciones extrajudiciales de civiles mostrados falsamente como guerrilleros muertos en combate. Suficiente tema de debate para una campaña presidencial, más interesante que discutir sobre la supuesta sonsacada de un candidato a otra candidata.

* Director Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org