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Desde el retiro hace cuatro años de Ignacio Chaves Cuevas de la dirección del Instituto Caro y Cuervo, por injusta determinación de la ministra María Consuelo Araújo, la entidad entró en barrena.
A ella habría que cobrarle el daño inmenso que le causó a uno de los entes culturales más sólidos y aprestigiados del país, cuyo renombre alcanzó eco internacional y cuya labor se tradujo en hechos de imponderable significado. El más sobresaliente de ellos fue la culminación del “Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana”, obra que en 1999 le hizo ganar el Premio Príncipe de Asturias, con la anotación de que se trataba de “una investigación sin antecedentes sobre el régimen y el uso de la lengua castellana”.
En el 2001 obtuvo el Premio Bartolomé de las Casas, otorgado por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y la Casa de América, y en el 2002, el Premio Elio Antonio de Nebrija, concedido por la Universidad de Salamanca. Tres años después, la ministra, que ignoró la serie de realizaciones cumplidas por el diligente y erudito director durante sus 19 años de administración, le pidió la renuncia.
¿Qué razón existía para semejante actitud? Ninguna de peso. Uno de los argumentos expuestos por la funcionaria fue su propósito de adelantar un plan de renovación en esta y otras entidades bajo su cargo. La ministra había ordenado una investigación administrativa para determinar presuntas fallas de organización de la entidad, las cuales han debido evaluarse como graves, de ser el caso, para prescindir de los servicios de un servidor eminente.
Pero valía más el afán burocrático, una alimaña que carcome la administración pública, que el sano criterio de corregir problemas internos, si en verdad existían, y propiciar la marcha eficaz de un organismo cultural que debe manejarse con reglas especiales. Esto de invocar, en el caso de Ignacio Chaves, su inexperiencia en la administración de empresas, fue un pretexto fútil de la ministra. Bien lo precisó por aquellos días el doctor López Michelsen: “¡Como si el rescate del castellano, o la asesoría en materia de consultas universales, fuera algo semejante a la venta y distribución de coca-cola!”.
De todas maneras, el ilustre director fue sacrificado por una ministra fugaz, atrapada por la publicidad y sugestionada por el ánimo de “renovar”, que así desquició una institución respetable. Este proceder injusto ocasionaría meses después la muerte de Ignacio Chaves, víctima de profunda depresión, en un viaje por Argentina.
En su reemplazo fue nombrado el filólogo Hernando Cabarcas, experto en asuntos del idioma pero carente de visión y de mayor experiencia para manejar un organismo de tan compleja estructura. Su estadía en el cargo fue muy breve: 18 meses. Señaló algunas fallas estructurales, derivadas sin duda de una entidad en desorbitado crecimiento, y adoptó medidas improcedentes, como ciertos recortes drásticos en gastos ordinarios, la suspensión de la imprenta y el cierre del Seminario Andrés Bello, una de las dependencias emblemáticas de la institución.
El nombramiento siguiente fue el de la directora actual, Genoveva Iriarte, con buena preparación académica y cierta visión sobre el instituto como profesora que fue de lingüística y semántica. Ella lucha por sacar adelante su delicada misión, luego de dos años en el cargo. Tiempo efímero frente a las extensas administraciones de los cuatro primeros directores –Félix Restrepo, José Manuel Rivas Sacconi, Rafael Torres Quintero e Ignacio Chaves Cuevas–, que cumplieron, en total, una trayectoria de 63 años. (El Caro y Cuervo tiene 67 años de vida). Aquí habría que decir que la experiencia hace maestros, si bien la ministra Araújo se encargó de contradecir la sabia regla, aplicando su propio criterio equivocado, gracias al cual se puso al garete una empresa meritoria.
Algunos enfoques fiscales tienen en aprietos la marcha de la entidad. Se dice que los libros en bodega representan un elevado pasivo, el cual debe reducirse mediante un “estudio de mercados”. Esta mira determina un criterio mercantil, según el cual la institución debe ser rentable. Esta no fue la finalidad que le impuso la ley 5ª de 1942 –sancionada por el presidente López Pumarejo–, al crearla como una casa de cultura, sin ánimo de lucro, dirigida a la investigación científica y la preservación y difusión del idioma.
Uno de los grandes logros del Caro y Cuervo reside en la publicación de obras científicas o literarias que se convirtieron en mensajeras de Colombia, aquí y en el exterior, ante embajadas, bibliotecas, casas culturales, universidades… La proliferación de libros en épocas anteriores a la actual –algo desordenada, por desgracia– llevaba implícito ese cometido: hacer cultura. Ahora bien: debe existir, claro está, una cantidad de libros para la venta, sin descuidar la razonable circulación gratuita como medio cultural que debe fomentar el Estado.
Hoy el instituto está estancado. La producción está detenida. Series famosas, como “La Granada Entreabierta”, no han vuelto a circular. El Gobierno no solo le restringe los gastos, sino que tiene en angustias a viejos servidores que trabajaron con pulcritud, empeño y eficiencia por las letras y el talento colombianos. La nómina no resiste más recortes. Con el anuncio de la reestructuración, que quedó incrustado en la vida del instituto desde la época de la ministra de marras, el cuentagotas financiero deja apenas circular unos pesos escasos.
Hay que salvar al Instituto Caro y Cuervo de la situación de inercia a que ha llegado en los tiempos actuales. Ojalá se entienda, para bien de la cultura colombiana, que merece otra suerte.
gustavopaez@cable.net.co