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Nadie en su sano juicio puede desear que fracase el gobierno del presidente Santos, salvo alguna izquierda radical que espera, tras un fracaso de los gobiernos de centro en Colombia, se les abra la puerta a ellos para imponer dictaduras tipo los Castro, Chávez, Correa…
Pero a medida que avanza este mandato, casi nadie deja de advertir la incipiente incapacidad del gobierno de Santos para realizar reformas de fondo, por culpa de su afán por lograr consensos con frecuencia estériles con quienes una vez en el poder suprimen de inmediato la palabra consenso de sus diccionarios.
En forma lamentable, ha existido una oposición sin justificaciones claras y con una miopía sin precedentes frente a las inaplazables reformas de Santos. Ha estado liderada ésta por las Altas Cortes, o por las centrales obreras, o por los estudiantes, todavía más absurdo, liderada por el vicepresidente Angelino Garzón, o por todos juntos.
Para disimular esto se han orientado las mayorías del antiguo «uribismo», hoy el «santismo», hacia una serie de proyectos de modesta utilidad, porque los injertaron con populismo e inoperancia. Entre tanto, aplazaron las verdaderas reformas, como la de la Justicia, la de las pensiones de jubilación, asegurar la ejecución de obras públicas, reducir las elevadas tasas de fecundidad en algunos sectores…
La reforma a la Justicia, por ejemplo, aborda sólo tangencialmente lo más urgente, quizá, la morosidad en los juicios para los ciudadanos corrientes, obstáculo que comenzaría a removerse el día en que nuestra Justicia deje de funcionar, en buena parte, para resolver problemas del sector financiero del país. Se abruma, así mismo, la Justicia con las tutelas para obtener un fallo con el fin de acudir luego a cobrarle al Fosyga.
Otro ejemplo. La incapacidad del Estado para ejecutar los presupuestos asignados a la reconstrucción y al mejoramiento de nuestra infraestructura física figura para no pocos como un problema de magnitud similar a la corrupción que tanto preocupa al presidente Santos. Los expertos consideran que la farragosa legislación para la contratación y las tutelas están retrasando la construcción de las obras.
Como resultado de estas dilaciones e incertidumbres, importantes sectores de la población, frustrados por la ineficacia de los partidos políticos, optaron por votar con el fin de elegir un candidato con pasado azaroso, el señor Petro, de cuya gestión buena o mala dependerá el futuro político del país. Este temor ya convive a la fecha con numerosos colombianos.
Los señores Carlos Fernando Galán y David Luna, se rumora que no renunciaron en favor de otro candidato con mayores posibilidades que ellos para la alcaldía de Bogotá, por no perder el reintegro de unos pesos que el Estado les reconoce por cada voto depositado en su favor. ¿Se eclipsarán por tal motivo?
La economía mundial cojea a la par con todo lo anterior, mientras las autoridades colombianas se enorgullecen por presentar algunos buenos indicadores económicos. No nos equivoquemos, las restricciones que se avizoran en las líneas de crédito mundiales sí afectarán nuestro país. Lo importante ahora es realizar reformas para aprovechar los TLC, con el fin de poder garantizar mantener indicadores elevados, sostenidos y generalizados.
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