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Para entender el proyecto de reforma laboral del Gobierno necesitamos hacer algo de historia.
Los avances en la legislación laboral en Colombia y en el mundo no son un regalo del Estado sino una conquista de los trabajadores. Esto en castellano significa que esas reformas no se plantean en función de sus efectos macroeconómicos o del bienestar de los no sindicalizados; son adoptadas por razones políticas y el mercado laboral se tiene que adaptar a esas medidas.
Un ejemplo preciso es el salario mínimo, cuyo reajuste se discute cada año sin caer en la cuenta de que su valor inicial (establecido en 1945) fue una decisión puramente política, que se tomó sin estudios de impacto sobre el nivel de empleo o sobre la extensión de la informalidad (trabajadores no amparados por el mínimo).
La implicación de lo anterior para el presente es muy sencilla: el proyecto de reforma de Petro es una apuesta política, una reivindicación de los trabajadores que esperan beneficios de ella. La resistencia unánime de los empresarios y las bancadas del Partido Conservador y del Centro Democrático es otra apuesta política que deberá jugarse en el Congreso, aunque esta vez con argumentos de ambos lados que parecen ser técnicos —pero no son imparciales—.
En el caso de Petro, yo tendría que hablar de reconquista en lugar de conquista. La historia es como sigue:
—Las luchas sindicales desde los años 20 lograron, entre otras, el descanso dominical (1926), pago por accidentes de trabajo (1927), regulación del trabajo infantil (1929), derecho a sindicalizarse (1930), 48 horas de trabajo a la semana (1932), vacaciones, cesantías, salario mínimo y prohibición de esquiroles —como también de las huelgas en el sector público— (Ley 6 de 1945), creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales en 1946 y expedición del Código Laboral en 1950. Era la protección laboral para los sindicalizados en una economía que quería ser industrial, con empleos estables y prestaciones sociales o complementos salariales para amarrar los trabajadores a la empresa.
—Pero el mundo cambió hace mucho tiempo, la globalización acabó con esa economía, en Colombia se vino el “revolcón neoliberal” de Gaviria, Álvaro Uribe fue el ponente de la Ley 50 de 1990 que flexibilizó los contratos de trabajo, Uribe presidente completó su trabajo con la Ley 789 de 2002 para “fomentar la creación de empleo”, vinieron las “cooperativas de trabajo”, las empresas tipo Uber o Rappi para evadir prestaciones y salarios… y la caída del sindicalismo a un 4 % de los ocupados.
—La señora ministra de Trabajo se forjó en las luchas sindicales y por eso su propuesta de reforma tiene la buena intención de… devolvernos al pasado. Las intenciones expresas del proyecto son hacer casi imposible el desenganche de un trabajador, acabar los contratos de prestación de servicios, formalizar el trabajo en plataformas, pagar las horas extras y feriados como entonces se pagaban, y revivir los sindicatos porque en lugar de negociar con la empresa negociarán con una rama industrial.
En esta ley es claro como el agua quiénes salen a ganar y quiénes salen a perder. Del forcejeo en el Congreso resultará una decisión política. La decisión afectará el nivel de empleo y los niveles de informalidad.
Si Petro y la ministra ganan el forcejeo, volveremos al pasado… el pasado de algunos, porque la gran mayoría de los trabajadores de Colombia nunca tuvieron un pasado similar (es todo esto lo que muestro en Entre la Independencia y la pandemia, que todavía anda por las librerías).
* Director de la revista digital “Razón Pública”.
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