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SE ACEPTA GENERALIZADAMENte que la Constitución del 91 implicó un avance importante tanto en el diseño de la Carta de derechos como en la ideación de mecanismos efectivos de protección de los mismos.
No obstante, muchos olvidan que cuando fue expedida, el mayor peligro para su vigencia real era la aparición del síndrome de la parálisis retórica. Esto es, esa manía colombiana de convertir todo en expresión hueca. Lindas leyes que no se cumplen o apenas lo hacen por aproximación.
Lo que ha impedido que eso ocurra, al menos en gran medida (aunque todavía hay vacíos inmensos), ha sido la tarea de la Corte Constitucional. Sin el empeño de este organismo de darles seriedad a manifestaciones que parecían destinadas simplemente a engalanar un joyero poético, la Constitución sería un librito de anaquel.
Esa es la razón histórica por la cual he defendido permanentemente la tarea de la Corte, aun a sabiendas de que ha incurrido en errores y excesos. Sin aumento considerable del poder de los jueces, todo hubiera cambiado para que todo siguiera igual.
Pero esta palmada inicial, propinada severamente en la cara de un sistema adormilado, sumido en la injusticia crónica, tuvo contornos que, siendo necesarios, tampoco se pueden perpetuar. Casos como el de la prestación de servicios de salud y educación en manos de particulares angurriosos y de un Estado adormilado, exigieron, como en efecto ocurrió, que la administración de tales servicios quedara en manos del juez constitucional. Una saludable deformidad que debe ser pasajera. Hemos vivido ya casi 20 años sin políticas públicas, sobre todo en el marco de la salud. Un Ministerio de Protección que es un ente invisible absolutamente anodino, apenas modula frente a una poderosa rama judicial que imparte salud con cuentagotas, dependiendo del talante de cada juez y del hígado de sus superiores. Qué entra al POS y por qué vía, corresponde a una simple ruleta, que la Corte apenas logra medio dominar en medio también de contradicciones internas suyas. Una falta de claridad que impide decantar políticas públicas serias. Políticas que no deben implicar retrocesos en el nivel de los derechos, pero sí unificación democrática.
La composición de la nueva Corte anuncia, por definición, cambios cuya dirección no sabemos. En general, los nuevos magistrados son ciudadanos respetables y destacados en su oficio, muchos de ellos provenientes pacientemente del escalafón judicial. Es buena seña, aunque para el futuro valdría la pena pensar si los cambios en la Corte se deben producir de manera escalonada y no mediante un tsunami que se lleva el ochenta por ciento de los magistrados de un solo golpe.
Pero, sin duda, algo en lo que deben pensar es si la transición hacia la verdad de los derechos debe cesar y si, entonces, ha llegado el momento de las políticas públicas que mantengan el carácter progresista de la Constitución, pero ordenen y hagan coherente un panorama que luce bastante caótico.
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