Democracia simplificada

Lo primero que hemos decidido eliminar en ese esfuerzo de simplificación es la administración de justicia. Durante los primeros dos siglos de vida republicana, la justicia era para los de “ruana”. Maltrecha y olvidada (la rama seca del Estado) tenía una ventaja: con excepción de los ricos, nadie podía decir que su ineficiencia tuviese beneficiario directo. Era inaccesible para todos, lenta para todos, inoportuna para todos y sólo ligeramente corrupta. De un tiempo para acá, no hay decisión judicial que no sea interpretada como instrumento de una guerra política. O sea que a la crónica insatisfacción difusa, se suma ahora la descalificación rampante con la autoría, promoción, auspicio y concurso de lo más granado de la élite. De lado y lado. Nadie escapa. Si hay casos de malversación, que se investiguen. No se trata de eso. Lo que preocupa es el esfuerzo de destrucción del aparato judicial. No es politización de la justicia, sino deliberada judicialización de la política.

De este huracán sólo se salva, a medias, la Corte Constitucional. Digo que a medias, porque aunque goza de prestigio general, también juristas malhumorados y economistas de Chicago le han hecho su encerrona.

Como si faltara, del trípode clásico queda poco. A la justicia descuajada, se suma el Congreso sumido, en parte por su propia desvergüenza, en receptáculo de actos poco edificantes. Con el agravante de que su faena, que es hacer la ley, resulta siendo una tarea inútil. Muchas leyes simplemente se arruman en archivos oficiales por impertinencia de ellas, caducidad o simple indiferencia. El sistema de fuentes de derecho atraviesa una crisis compleja: una ley desvalorizada y una jurisprudencia que tampoco tiene la fuerza del precedente. Se lanzan jurisprudencias como granadas de mano, sin que el destino de cada esquirla pueda ser controlado. Como diría el andaluz, hay jurisprudencia pa tó.

De modo que dejando de lado la formaleta de la cátedra de instrucción cívica, hay que reconocer que en la práctica el talismán de la legitimidad ha quedado en manos del Ejecutivo y de la Corte Constitucional. Por buenos que sean, que lo son (toco madera), es difícil sostener que ésta sea una democracia normalizada, cercana al estándar o siquiera en vía de llegar a él. Del trípode sólo queda pata y media.

Saliéndonos del cartabón, en el campo de los factores reales de poder tampoco nos va bien. Los partidos, con destellos y excepciones, son más bien franquicias para el comercio político. A más leyes, ha resultado que son cada vez menos institucionales. Y, por fin, el otro gran factor, las Farc: no sabrá el establecimiento cómo agradecerles. El trípode mantiene su equilibrio tembloroso, porque nadie quiere siquiera tocar la butaca, no vaya a ser que las Farc se suban para siempre.