Elogio de la impopularidad

Por encima del sabio dictamen del Consejo de Estado, están las razones de conveniencia que se derivan del hecho extravagante de que, tras 25 intentos, no había sido posible lograr una elección. Esto es de por sí suficientemente perturbador y obliga al sistema a reaccionar evitando la parálisis de las instituciones. Agregue a eso, como dijimos, que el Consejo de Estado, provisto de lógica contundente, haya dicho que la terna es un acto de trámite que no genera derechos a favor de los incluidos en la lista, puesto que la imposibilidad para saber cuál sería el elegido no puede ser superada siquiera por Regina 11. La inclusión en la terna es una mera expectativa. Y aún si se alargara el análisis y se dijera que hay expectativas que merecen protección legal, este no es el caso en la medida en que de los tres, sólo uno puede ser elegido. Y digo esto no porque haya encontrado insatisfactoria la labor de Mendoza Diago, sino porque la interinidad por sí misma es una dolencia grave que debe ser remediada.

Ahora salen los orates a decir que es un acto de traición de Santos a Uribe. Esta afirmación no sólo es un verdadero despropósito, un deseo injustificado de sembrar cizaña, sino que constituye un sofisma que se devora a sí mismo. En efecto, si los furibistas hablan de traición, hay que deducir de manera incontrovertible que ellos piensan que la terna anterior encarnaba un propósito político determinado. Estos defensores a ultranza del doctor Uribe terminan entonces arrojando sin darse cuenta un manto de politización a un acto que debería entenderse como un simple ejercicio de buen gobierno. Me parece que el propio doctor Uribe sería el primero en rechazar semejante afirmación. Y un error trae otro. En efecto, si se acuña la idea de la traición, es porque se habla implícitamente de una guerra. Y entonces, los hiperuribistas justifican de paso la inercia de la Corte.

Lo más malo de todo este accidentado periplo es que por fuerza de tantos y tan variados estrujones, peripecias y rifirrafes, la Fiscalía ha alcanzado el hall de la fama, como una especie de superstar mediática. Cada vez es mayor la cantidad de tinta y la intensidad de los decibeles empleados en realzar esa institución, ya no como albergue de la serena voz de la justicia, sino como pieza maestra de un andamiaje político. Todo esto contribuye a desdibujar algo que debería tomarse como un paso juicioso y casi rutinario: la elección de un alto funcionario del Estado con responsabilidades jurídicas, regladas y limitadas. No ese supercampeón que hemos venido creando.

La popularidad de un fiscal puede ser su perdición. Un fiscal preso de su imagen, en vez de fortalecer la independencia de su cargo, se la juega a diario en la impredecible bolsa de valores de la variable y casquivana opinión pública. Deja de ser una figura hierática, una especie de oráculo moral que todos respetan y se coloca a un paso de la justicia espectáculo. Cuidado con eso.

Ojalá el nuevo Fiscal sea capaz de remontar esta oleada y ponga en marcha el ejercicio magisterial de una tarea, cuya importancia no se ignora, pero que es apenas un escalón en la preservación del Estado de Derecho. Nada menos. Pero tampoco nada más.