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Ya lo sé. El reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución está plenamente justificado por mil razones, entre ellas la discriminación ancestral de que han sido víctimas. Léase no más la ley de indígenas de fin del siglo XIX cuyo explícito propósito era «reducirlos» a la civilización.
Nada hay, pues, en contra de esta acción afirmativa emprendida en 1991. No se trata de eso.
Pero sí llama la atención que la cuestión indígena, en particular la protección de sus costumbres, es como una cápsula teocrática en el intestino de una Constitución cuya fibra es la libertad de pensamiento. Un texto que podría haber sido redactado por Voltaire, coexiste con una serie de desarrollos en los que se respetan los sitios de pagamento, los lugares sagrados, los ritos y costumbres ancestrales y hasta sus formas de justicia, algunas de ellas indignantes como los azotes y castigos físicos de diversa índole.
Puede que la sociedad “blanca” no haya sido capaz de remover el acantonamiento militar que impide el desarrollo de Bogotá al norte de la calle cien (lo cual, de paso, es una verdadera aberración en una democracia que se cree civilista). Pero es seguro que si una línea de metro, o una avenida importante, tiene que pasar por un cementerio, nadie oiría su hipotética letanía quejumbrosa. El buldócer de la civilización echaría por tierra los lugares necesarios, por mucho que estuvieran ligados al culto religioso.
Esas pequeñas incongruencias son inevitables. Ya es tópico decir que la igualdad no es sólo tratar igualmente a los iguales, sino de manera legítimamente desigual a los desiguales.
Pero lo que sí parece una aberración es que para posar de “progre” haya que estar con la Constitución en el libre desarrollo de la personalidad, la dosis mínima, el aborto, la eutanasia y el matrimonio gay. Pero al mismo tiempo, sin pestañear, haya que oponerse a toda obra que mancille los ritos y creencias teológicas de los indígenas. O que critique procedimientos de justicia realmente bárbaros. Es una flagrante violación del principio de identidad. Claro que, en política, este principio ha sido más violado que camarera de Sofitel.
A veces se trata de necesidades meramente tácticas. Las confesiones protestantes fueron aliadas del Partido Liberal en dos elecciones, al menos. Era una unión necesaria en aras de abrir las puertas de la libertad religiosa. Pero con el tiempo, se ha venido a ver lo que predije algún día: que era una unión contra natura. Y en efecto, para muestra, mientras el liberalismo acepta parejas gay, estas confesiones se unen a lo más rancio del catolicismo y de los musulmanes, alegando precisamente que lo que es contra natura (valga la jocosa y deliberada redundancia) es el matrimonio igualitario.
Y eso que por ahora no hablo de los desmanes que se cometen a nombre de verdaderos y muchas veces falsos pueblos indígenas, mediante acciones de entorpecimiento del desarrollo. Un ilustre ministro me dijo: A uno le enseñan que una ley requiere cuatro debates en el Congreso. Ahora hay que agregarle 40 más, para sumar 44, dadas las exigencias relacionadas con la consulta previa. No es para menoscabar los derechos indígenas. Pero sí para salirle al paso a la exageración.