La voz de los líderes

A Bojayá se le conoció en el ámbito nacional por la cruel y dolorosa masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002. Las imágenes de la iglesia destruida y el cristo mutilado han circulado ampliamente, muchas veces sin contexto y desconociendo la responsabilidad tripartita de las Farc, los paramilitares y el Estado, en esta tragedia que se pudo evitar. Hoy, sus 11.000 habitantes estamos repitiendo con terror el libreto de muerte del pasado. Son exactas las condiciones que generaron la masacre, las mismas poblaciones afectadas, amenazadas y con miedo de hablar.

El actual Gobierno ha incumplido la implementación del Acuerdo de Paz, posponiendo el goce de nuestros derechos y, como consecuencia, el control territorial lo están disputando el Eln y los paramilitares en connivencia con agentes de la fuerza pública. Todos desconociendo nuestra soberanía étnica sobre los territorios. En estas regiones inundan las alertas tempranas, pero el Gobierno aún no toma acciones al respecto; el confinamiento de más de 7.000 familias es parte de las repeticiones violentas. Este recrudecimiento de la violencia se vive de igual manera en todo el litoral Pacífico; una muestra son los desplazamientos forzados a los que han sido sometidos a más de 2.000 indígenas de los municipios de Juradó y Riosucio.

Pido a la sociedad y a los medios de comunicación que nos den espacio, nos escuchen ahora que todavía hay tiempo de hacer algo. Que nadie suplante nuestra voz. No merecemos ser noticia cuando ya no hay nada que hacer, como ha ocurrido con más de 400 líderes sociales asesinados. Hoy veo con tristeza este derramamiento de sangre, pero lo que me impresiona aún más es la falta de decisión de proteger por parte del Gobierno y la falta de indignación o resignación de nuestra sociedad. Invoco a que no nos abandonen, estamos amenazados pero no condenados a morir, esa pena no está permitida por la Constitución Política.

La construcción de la paz y las salidas negociadas son la vía para mantener la vida y permanecer en el territorio, por eso organizaciones de indígenas y afrocolombianos, en ejercicio autónomo, simultáneo y complementario al trabajo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, hemos constituido la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico (CIVP), con el objeto de identificar el daño al territorio, a nuestras identidades y proyectos de vida colectiva causados por tanta guerra.

Nuestra apuesta es por la no violencia, no haremos eco a quienes promueven acciones que prolongan el conflicto armado que desangra a la población civil. Presidente Duque, venga a ser defensor de derechos humanos, póngales la cara al dolor y a los sufrimientos, le mando mis zapatos.

Mi solidaridad con todas las familias de los rincones de mi querida Colombia que aún sufren en el silencio dolorosas consecuencias por el incumplimiento del Acuerdo de Paz y los que sufren la persecución por buscar la paz.