Los peligros de estar de acuerdo

El Gobierno resolvió calificar de acuerdo nacional el simple esfuerzo de formar una coalición entre similares para la gobernanza parlamentaria. Eso no está mal. No es que sea ilegítimo. Pero no hay que comerse el menú. Casi el único componente de un acuerdo nacional es el desacuerdo. Es decir, la manera de resolver los desacuerdos que son esenciales en democracia. Y hacerlo en paz. Cosa distinta es que por el lado de los independientes y la oposición toca buscar propósitos específicos. La añoranza de la voluntad general encierra un riesgo: diluir las diferencias en un supuesto proyecto nacional unificado. Por ahí surgió el fascismo y demás yerbas. Con algo de hipérbole podemos decir que la democracia, más que el gobierno de la mayoría, es el sistema de protección de las minorías.

En cambio, a veces saltan acuerdos puntuales importantes y ni nos damos cuenta. Con las famosas objeciones del presidente a la Estatutaria de la JEP, nos fuimos concentrando en el asunto principal: la extradición. ¡Y hubo concordancia! i) Nadie duda lo que dice el Acuerdo ni lo combate: no extradición solo para delitos anteriores. ii) La fecha la establece la JEP. iii) Si Santrich es culpable, pasa a la justicia ordinaria. Las Farc aceptaron que pudiese ser extraditado. iv) Las pruebas que puede pedir la JEP se refieren solo a la fecha, no a la responsabilidad. v) El artículo para no extraditar a los terceros que ofrezcan verdad, no cobija a narcos avivatos. vi) Mucho antes del proceso fue la Corte Suprema, no la JEP ni nosotros, la que en Justicia y Paz dijo que la extradición podía condicionarse a brindar verdad y reparar antes de ponerla en
práctica.

De allí se desprende que las diatribas contra el Acuerdo son injustificadas. Todo se reduce a un problema probatorio. Como dijo Uprimny, se trata de una valoración de pruebas. La decisión de la JEP negando la extradición está acompañada de dos salvamentos de voto. Sencillamente, es algo discutible. No le luce al jefe del Estado hablar de la indignación nacional frente a un fallo judicial. No hay motivo para una crisis. Lo que ha ocurrido es un nuevo episodio de patria boba. Todo un país chilinguiando por una cuestión de derecho probatorio. Qué vergüenza. Ya se oyen voces llamando al profesor Antonio Rocha para que resuelva el asunto.

Aun si partimos de la base de la buena fe del presidente, es un peligroso juego colocar a la Corte Constitucional contra la pared. Más allá de la simple aritmética, ¿qué sentido tiene no darse cuenta de que políticamente el Gobierno no tuvo mayoría en el Congreso? Digamos que por fuera de la calificación jurídica, 47 es más que 34. Insisto en que el doctor Duque, en un acto de realismo, debería aceptar el veredicto político, el del sentido común, sancionar la ley y abrir una mesa para conversar sobre eso, por cierto, como lo dijo César Gaviria, con todos. Incluido el partido FARC que, quiérase o no, fue suscriptor del Pacto.

Coda: se equivoca Márquez. Timochenko sí entendió.