Marco para la paz: entre el deseo y la realidad

También es claro que la discusión sobre el marco jurídico para la paz no es excusa para soslayar un hecho sobre el que fácilmente nos pondríamos de acuerdo: Colombia tiene el doble compromiso doméstico e internacional de investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes que en su suelo se han cometido. En el espacio de los deseos, no es difícil señalar que casi todos querríamos el desmonte de todos los grupos criminales y la sanción correspondiente a sus integrantes, más el conocimiento de la verdad, la reparación integral y la garantía de no repetición.

Pero este deseo compartido choca con una realidad: tras 50 años de conflicto, en un escenario de violaciones masivas de derechos humanos a manos de autores de diverso cuño, la incapacidad del Estado para aplicar mecanismos tradicionales de justicia es manifiesta. El intento de la Ley de Justicia y Paz es paradigmático: Casi siete años después, tras 340.000 casos denunciados, se han desmovilizado 35.299 paramilitares, pero se han producido apenas siete sentencias, de las cuales sólo dos están en firme.

De modo que un primer hallazgo es incontrovertible: es necesario priorizar, juzgar a plenitud a los máximos responsables y buscar soluciones distintas para los combatientes rasos. No hay remedio. Este abordaje de la cuestión no está desamparado en la práctica internacional. Lo dijo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “cuando han sido miles de personas las que han participado en la comisión sistemática de crímenes, es imposible proceder judicialmente contra todos”. Y también Human Rights Watch, crítico de la iniciativa, recomendó este camino en 2008.

En honor a la verdad, el señor Vivanco no ataca esta idea. Su mayor preocupación es la posibilidad de dejar impunes también a estos máximos responsables. Aquí habría que decir lo siguiente: el proyecto no propone la suspensión de la pena para todos. Tampoco se habla realmente de una amnistía, sino de un determinado tratamiento de la ejecución de la pena. Apenas permite que el legislador, trabajando en un hipotético futuro sobre la situación real de un posible proceso, determine en qué casos se puede dar esa medida. El marco para la paz es un marco. No es una decisión actual. Lo que quiere precaver es que si, por hipótesis, todo o parte de las Farc deciden buscar una negociación, al menos que ella no fracase por la imposibilidad del Estado de buscar soluciones.

Además, esta norma no puede mirarse de manera aislada del conjunto: el proyecto prevé una solución integral, acoge y robustece mecanismos de reparación, impulsa el establecimiento de la verdad, presenta herramientas por fuera del rígido marco jurisdiccional.

¿Un sapo demasiado grande? Sí. Pero el problema es que el verdadero batracio de tamaño bíblico es una realidad que nos ha azotado durante 50 años. Y que podría prolongarse en una guerra de atrición indefinida.