Más goticas, doctora, por favor

Una cosa es el legítimo derecho de Uribe a defender su proceso de paz con los paras. Particularmente creo que tiene razón al respaldar la Ley de Justicia y Paz en su versión final, luego de los cambios introducidos por la Corte. Aunque el proceso va demasiado lento en la garantía de los derechos a la verdad y la reparación, el Gobierno acierta cuando sostiene que una mirada tanto a la historia nacional como a las experiencias internacionales deja a esta ley en buena posición. Una vez que se toma la decisión de acudir a la justicia transicional y, por consecuencia, rebajar penas, la calificación de la dureza o lenidad de las mismas es bastante subjetiva. El hecho es que ahora habrá cárcel donde antes no la hubo. El hecho es que ahora se mira a las víctimas, algo que no había ocurrido.

Pero, en cambio, se equivoca el Presidente cuando arguye estos hechos de manera repetitiva, no ya para abogar por su proceso, sino para descalificar la paz difícilmente lograda en los albores de los años noventa. El Gobierno quiere leer la historia pasada con la lente de hoy. Han ocurrido cosas en el mundo: la amnistía ha dejado de ser un asunto doméstico, las limitaciones a la misma han crecido tanto a instancia de reflejos nacionales como internacionales, el derecho penal internacional ha avanzado a pasos gigantescos y hasta tenemos cortes penales internacionales.

De modo que es una injusticia histórica del Presidente apelar al retrovisor para golpear a quienes hicieron la paz en su momento. Pero lo de injusticia histórica sería apenas un reparo académico, si no fuera porque las palabras del jefe del Estado hacen estragos. La paz con cuatro grupos guerrilleros fue materia de regocijo nacional y de respeto internacional y aumentó nuestro nivel de confianza. Ahora se echa por tierra con un efecto destructivo bastante dañino. Todo esto cubierto por la envoltura de un desagradable adanismo, aupado por recientes declaraciones de los arúspices del uribismo: eso del comisionado Restrepo, repetido hasta la saciedad como si fuera una cuña, de que aquí no se ha hecho nada en 50 años, que para atrás todos los presidentes fueron indolentes o ciegos o conniventes y que al actual gobierno le ha tocado la ardua tarea de desatascar la cañería nacional, no sólo es una exageración delirante, sino una negación de la propia historia nacional. Es demasiado lo que sacrifica el Gobierno en beneficio de una pelea que no deja de ser coyuntural.

La lucha por la garantía de los derechos de las víctimas tampoco corresponde a un capricho. El argumento tiene validez en el mundo de hoy. Pero aun si su postura estuviere inspirada en motivos políticos, no se compadece con ello una circunstancia peligrosa: que quienes denuncian haber sido amenazados, en vez de protección reciben un regaño presidencial.

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Conocí a Adriana Gutiérrez cuando, como esposa del desaparecido Fortunato Gaviria, dedicó sus energías a servirle a la gente con total desinterés. Sé que no es una líder perturbada por la ambición. Conozco sus principios y sus límites y sé que son diáfanos. Me niego a verla haciendo negociaciones electorales tortuosas. Espero que salga avante de los últimos desafíos que se le presentan en el campo judicial.