Se agota la apuesta de la Corte

El hecho protuberante del llamado de atención inicial fue la revelación de las grabaciones que comprometían al doctor Juan Ángel Palacio. Sin calificar su hipotética culpabilidad, las solas grabaciones justificaban plenamente la actitud de la Corte. Muchos la acompañamos en eso y consideramos que hubiese sido un acto de ceguera presidencial insistir en la terna inicial.

Más bien pudiera criticarse al Presidente por cierta falta de reflejos ante las grabaciones. Debió haber procedido de inmediato a tomar distancia. No es improbable que una rápida rectificación presidencial hubiera evitado el impasse al que ahora nos vemos sometidos.

Pero removido el doctor Palacio por su propia voluntad, los hechos han cambiado, aunque la Corte ahora alega que en su lenguaje, la descalificación fue total.

En mi opinión el escenario ha variado radicalmente. Una cosa es un llamado basado en la ética pública y otra es la opinión sobre las destrezas de los ternados. La crítica es derecho de todos, pero la competencia para juzgar en las circunstancias actuales la idoneidad de la terna corresponde al Presidente. Quisiéramos que el Fiscal fuese experto penalista, pero ese deseo no corresponde a una exigencia legal y tiene razón el Presidente en señalar que es a él a quien corresponde juzgar ese punto.

Entendido el llamado de la Corte como un acto de colaboración, la alocución presidencial cierra ese capítulo. Como no puede existir un punto insoluble en el Estado de derecho, ahora corresponde a la Corte proceder a votar la terna actual. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría calificada exigida, entonces la inviabilidad como opinión se convierte en una irremediable inviabilidad democrática dictada por los hechos. En ese momento se haría imperativo que el Presidente reconsiderara la terna. El limbo de hoy debe ser solucionado, y es a la Corte a la que le corresponde ahora acudir al cumplimiento de sus deberes constitucionales y convocar pronto a votación.

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Creo que todos tenemos derecho a acudir a una plaza de mercado. También me parece que tenemos derecho a hablar con mercaderes y parroquianos. Una candidatura presidencial no disminuye esos derechos. De modo que manifestamos nuestra solidaridad con el atropello de que fue víctima Noemí Sanín en Corabastos. Haberle impedido su ingreso es no sólo una violación de sus derechos ciudadanos, sino un inexplicable acto de discriminación. Por cierto, Noemí ha vencido sus vacilaciones iniciales y ahora su campaña tiene más cuerpo.