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MÁS O MENOS SE CONSIDERA EN COlombia al presidente Correa como un demagogo. Para sorpresa, el cuestionario que debe ser contestado por nuestros vecinos el 7 de mayo, más allá del contexto político, es una colección de temas bastante serios.
El lunar, sin duda, es la iniciativa de crear un cuerpo que regule los medios de comunicación. Aunque el texto aparentemente sólo está dirigido a controlar los contenidos violentos, discriminatorios o sexualmente explícitos, se teme que se llegue más lejos. También se busca prohibir que los dueños y directores de medios tengan propiedad en otros sectores de la economía.
Pero de allí en adelante hay iniciativas interesantes.
Se pretende cambiar el equivalente del Consejo de la Judicatura. Con tal fin, una Comisión Técnica compuesta por un representante del presidente, otro del Congreso y otro del equivalente de la Contraloría asumirá sus funciones durante 18 meses, mientras se crean los nuevos organismos, cuyo principal cometido será con la transparencia y la eficacia.
Otras normas están dirigidas a luchar contra la impunidad, mediante el combate al enriquecimiento ilícito, cambios en los plazos de detención y la puesta en marcha de mecanismos alternativos a la detención preventiva en el caso de delitos menores.
En lo social, se establece como nuevo delito la falta de registro de los trabajadores en la seguridad social.
Por fin, hay dos preguntas sobre la prohibición de los casinos y empresas de juegos y las corridas de toros.
Con excepción del peligro que puede derivarse del control a los medios de comunicación el cuestionario no es una locura, ni es una iniciativa digna de un lunático.
Por otro lado, pasando a Colombia, el horizonte político ofrece otras sorpresas, no menos jugosas.
La más llamativa es la del Partido Conservador, que pretende ahora llamarse Partido Conservador de los Trabajadores. Súbitamente, sin aviso previo, en extraño asocio con el Polo Democrático, este partido ha enarbolado con ímpetu y brío superlativos, muy alejados de su ideología reciente, la defensa a ultranza de los empleados públicos. Con esa finalidad, ha lanzado una alerta amarilla. Ha calificado como sospechoso el texto de una ley de cambios en la estructura de la administración propuesta por el Gobierno, ha desempolvado el yelmo y la espada y ha salido por boca de sus máximos jerarcas a llamar a somatén para impedir el atropello. Una decisión de la Fiscalía que vincula con supuestos actos deshonestos a algunos de sus máximos voceros ha servido de acicate.
La verdad es que el interés no abarca a la clase trabajadora. Se circunscribe a una epopeya más modesta: salvaguardar la cuota burocrática que generosamente conquistó, bajo el gobierno anterior, una especie de canonjía a cambio del apoyo ferviente a los dictados del doctor Uribe.
Lo que ha ocurrido es que, al ingresar el Partido Liberal a la coalición, no hay cupo para todos. Un primer intento fue el de aplicar la reciente y notable propaganda de una camioneta 4×4: todos apretaditos. Pero aun así, no hay cupo. El Gobierno ha tenido que deshacerse de parte del lastre y algunos conservadores han sido víctimas. Esto es todo. Pero el problema se arreglará la próxima semana, porque casi nadie resiste al magnetismo de la nómina oficial. Apuesto.
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