Tiranía de las formas

Uno de ellos: su afirmación de que ensalzar la informalidad de la tutela es un contrasentido en un país donde ésta es una grave enfermedad social. Claro que nadie hace el elogio del descontrol en varios sectores de la economía y la vida comunitaria. Nadie aplaude que la gente venda cigarrillos de contrabando en los semáforos. Quienes fervientemente creemos que la informalidad sí es un atributo de la tutela, nos referimos a la arraigada y nociva tradición de dejar morir la justicia en los vericuetos de las formalidades. La informalidad que defendemos no es la de los evasores, testaferros y practicantes de la clandestinidad, sino la queja de una justicia sacrificada por la falta de un sello o el uso de fotocopias. Rubio trae una colección de tutelas aberrantes. Pero el hecho, que es cierto, no prueba nada. ¿Cuántas perlas de mayores quilates ha producido la justicia ordinaria? Allí sí que hay un rosario de arbitrariedades. La diferencia es que los exabruptos que significan una verdadera negación del derecho ocurren en la justicia ordinaria tras varias décadas de  cumplimiento riguroso de formalidades barrocas.

Es cierto que muchas veces la tutela se usa con fines indebidos, que puede haber corrupción, que muchos la han convertido en un nuevo recurso contra sentencias. Pero eso no impide reconocer que hay millones de decisiones justas en estos veinte años, muchas de las cuales no habría llegado todavía a una solución si se hubiesen agotados los procedimientos ordinarios.

También es cierto que es necesaria una racionalización de la tutela contra providencias judiciales.  Deben ir primero a la Corte que produjo el fallo, debe existir un breve término de caducidad, la violación debe haber sido alegada en el proceso ordinario, debe conocer la Corte Constitucional en pleno y debe pensarse de nuevo en la idea que el gobierno propuso en la Constituyente sobre la cuestión de inconstitucionalidad que permitía al juez consultar oportunamente el sentido de la Constitución evitando el choque de trenes. Pero lo que sí es inaceptable es que cada corte especializada dirima las tutelas, porque esto equivale a tener tantas constituciones como cortes.

En discurso pronunciado esta semana, el presidente Santos puso sobre el tapete los graves contrasentidos de algunos fallos ordinarios.  Está bien la protección de las víctimas. Pero de allí, a decir que es el Estado el que crea la situación de riesgo en presencia de un ataque guerrillero, y ordenar investigaciones penales contra los oficiales al mando, en un entorno en el que hubo 27 ataques en esas fatídicas 24 horas de la toma de Las Delicias, implica una falta de ponderación de los valores constitucionales mirados en su conjunto. El presidente no habló de falta de ponderación en el sentido ordinario, como sinónimo de descuido o ligereza. Habló de un serio tema constitucional que obliga a examinar los distintos derechos involucrados de una discusión. El reconocimiento de la existencia del conflicto armado debería implicar una discusión sobre la normatividad aplicable basada en un ejercicio de ponderación que tome también en cuenta derechos esenciales de la sociedad.