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El camino del Gobierno era el tradicional: presento una reforma tributaria ambiciosa y en el Congreso, paso a paso, lobby a lobby, voy cuadrando cuentas en un ejercicio de implantes y trasquiladas.
Dos hechos se atravesaron: Uribe sacó el cuerpo. Dijo que la iniciativa le hacía daño al partido, algo que repitieron sus tenientes. ¿Al partido? ¿Y la simple gente no existe? ¿El partido por encima de los paganinis? ¿Ojo al 2022 es más importante que las tribulaciones de millones de personas? Imagino cierta desazón del presidente Duque, víctima ahora del efecto kleenex.
El otro escollo es el paro del pasado miércoles. Pese a la tarea despreciable de los vándalos, hablaron la calle y las cacerolas. Y muy duro.
La lectura del Gobierno ha quedado rezagada. No es cosa de convencer a Vargas Lleras y Gaviria, o de seducir a algunos de sus seguidores.
Es mejor que el Gobierno la retire y comience de nuevo, pero con una estructura totalmente diferente.
Un elemento inescapable es que la casi totalidad de la academia económica ha clamado por mayor inversión social. Hasta los antiguos alumnos de Chicago. Y esto cuesta. En economía no hay almuerzo gratis.
Pero la cuestión de fondo es esta: ¿quién paga la cuenta?
La estructura de la reforma, ya casi hundida, acudía de manera voluminosa al IVA y a la extensión del impuesto de renta a nuevos sectores de clase media. En medio de una crisis de demanda, apretar donde no es termina postrando más la economía anémica. Lo conducente es moderar el recaudo pretendido, ubicarlo alrededor de los $15 billones de manera temporal y establecer un puente para que, cuando al menos saquemos la nariz del pantano, reemprendamos la discusión. Y ese día habrá que empezar la tarea desde la raíz.
Los impuestos indirectos como el IVA son ya una realidad mundial. En filosofía política, esa realidad constituye un fracaso de la ideología liberal basada en la supremacía de los impuestos directos como el de renta, únicos que permiten una verdadera y equitativa progresividad. La eficacia en el recaudo mancilló la ideología.
Pero aun reconociendo que es imposible desechar completamente el IVA, sí es viable ampliar la incidencia de los impuestos directos con tarifas progresivas especialmente para los superricos.
Caballero Argáez recordó que en la Constitución de 1821 se implantó el impuesto directo, cuya duración fue fugaz.
En 1850 Camacho Roldán abogaba por un impuesto directo, progresivo y único. Pero al mismo tiempo surgieron las dificultades. Por ejemplo, en 1867 Cundinamarca esperaba $100.000 de recaudo de impuesto directo y solo llegó a $24.235. Ya se había instalado la manía de evadir y el impuesto era mirado con desconfianza. El estado de Santander tuvo que abandonar la ilusión del impuesto directo. A pesar de que recogía $35.000, tuvo que volcarse al degüello y los licores.
Volveré después sobre el tema. Pero para remediar la emergencia no se puede terminar de acribillar a la clase media. Hay que mirar las ideas de la ANDI y Fedesarrollo. Los subsidios son necesarios, pero la verdadera equidad viene de la educación y la productividad. Igualar la cancha. El próximo gobierno debe afrontar, de verdad, el tema tributario para lograr, por fin, algo estructural y progresivo.
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