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EN INTERESANTE COLOQUIO PRO- movido por Alejandro Santos al que asistimos personas vinculadas desde diversos ángulos al nacimiento de la Constitución, promovido para reflexionar sobre los veinte años de la Carta, se planteó la necesidad de no convertir esta ocasión en una simple efemérides más.
Tampoco un escueto balance, que se ha hecho otras veces. La idea es, tomando impulso en el espíritu central que movió todo el proceso constituyente, hacer también un examen de prospectiva. Qué ha cambiado, qué va a cambiar, cuál es la dirección del país y cuál reflexión constitucional se desprende de allí.
Santos preguntó: ¿Se mantienen las condiciones que permitieron en 1991 impulsar la autonomía territorial?
Lo primero que habría que decir es que la ambición del constituyente era la paz. Y que una cosa es un proceso de autonomía en un país en paz, y otra muy distinta la situación que vivimos, con algunos agregados nuevos.
Además de una guerrilla que no muere, de las Auc originales se pasó al paramilitarismo y ahora hay nuevos brotes de organizaciones mafiosas. Y, si algo falta a este cuadro, en aquellos sectores donde la descentralización se puso en marcha, apareció el fenómeno de la captura del Estado por mezclas de grupos armados y políticos corruptos. La salud es solo un ejemplo. Si como se dice, viene una especie de bonanza minera y energética, sería una torpeza infinita, después del latrocinio bíblico de las regalías, insistir sin fórmula de juicio en las soluciones de 1991. Pasos como las nuevas normas que impulsa el gobierno para las regalías son simplemente necesarios.
Entonces, aunque hablar de una pausa en este campo es “políticamente incorrecto”, el tema debe ser puesto sobre el tapete. Quizás la urgencia del momento vuelve a ser la cuestión territorial. Si algo faltara, el invierno ha desnudado una situación insostenible. En la Constituyente, debido quizás a la premura del tiempo, más allá de las normas sobre robustecimiento de los municipios, que siguen siendo válidas, y de la nueva tipología de las nuevas entidades territoriales, muchas de las cuales siguen inéditas en la práctica, lo demás quedó archivado, a la espera de una ley de ordenamiento territorial que no caminó simplemente porque a la geografía, la economía y el medio ambiente, se superpone una malla, la división política, compuesta por departamentos obsoletos, con una estructura fiscal de origen colonial y con un designio institucional bastante confuso. Actúan como comodín. De esa malla, la división política, surge el Congreso que se encuentra virtualmente imposibilitado, puesto que sus miembros son simplemente hijos de esa división arbitraria en departamentos que, aunque ahora recogen cierto acervo sentimental, han sido mayormente trazados a golpe de arbitrio topográfico, sin ton ni son, sin asidero en realidades culturales, económicas y ambientales.
Pero para que esto no genere nuevas tensiones inmanejables, lo que seriamente hay que afrontar es la respuesta a estas preguntas: Hasta dónde rectificar, qué materias, quiénes son los actores y cuáles sus capacidades y, en cambio, en cuáles funciones y territorios, por el contrario, es conveniente profundizar en un sistema autonómico.
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