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Esta semana, el jefe de gabinete, Alfredo Saade, junto a las ministras de Agricultura, Martha Carvajalino, y de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, anunció una crisis en el sector arrocero por la caída de los precios a los productores.
Dentro de la baraja de medidas anunciadas por los funcionarios del gobierno están la regulación del precio de mercado, controlar el contrabando técnico de arroz desde Ecuador, subsidiar el precio de los insumos, ofrecer alivios en el acceso al crédito y tributario a las grandes superficies de alimentos y retail que compren directamente a los pequeños arroceros, promover exportaciones a Venezuela y Haití, imponer salvaguardias a importaciones e investigar si hay prácticas anticompetitivas en la industria molinera.
Claramente, ninguna de las anteriores medidas resuelve el problema ni evita la quiebra de los productores. Los arroceros lo único que están exigiendo es un precio que les garantice, por lo menos, el punto de equilibrio. Con un costo de $7 millones/hectárea y un rendimiento promedio de 5 toneladas/ha, el precio punto de equilibrio debe estar por encima de $1.4 millones/ton.
Para evitar la quiebra de los productores de arroz, debemos descartar de plano las pseudo-soluciones utópicas que solo contribuyen a confundir a los agricultores y a perpetuar los problemas del agro. El agobiado sector arrocero está exigiendo soluciones de verdad, que puedan efectivamente ser llevadas a la práctica y perdurables en el tiempo. De poco o nada sirve seguir planteando a los agricultores que sus dificultades serán resueltas por el Gobierno a través de créditos abundantes y baratos, condonación de deudas o alivios tributarios.
Hace un año, sugerí en este espacio a la ministra de Agricultura una serie de medidas que, de haberlas aplicado, seguramente no estarían repitiendo los errores del pasado. Se trata de establecer unas áreas límites de siembras de arroz secano y de riego por semestre y región, para mantener un equilibrio en la oferta del grano durante el año. Asimismo, coordinar con la cartera de Comercio e Industria y la industria molinera la distribución, en varios meses del año, de la entrada de los contingentes de importación de arroz. Igualmente, propuse que el ICA ejerciera un control estricto del uso de semillas certificadas; que el Ministerio de Agricultura expidiera un decreto reglamentando la tarifa de arriendo de la tierra y que Finagro, a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, habilitara una línea de crédito barata a la industria molinera para que otorguen anticipos de cosechas a los arroceros con respaldo del 80 % del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), si estos han suscrito un contrato forward sobre la producción estimada a entregar y un precio base.
Como el problema se les volvió a estallar en las manos, y se les viene un paro encima el próximo 14 de julio, ahora solo queda plantear un subsidio al almacenamiento del arroz paddy verde durante cuatro meses, donde la industria molinera asuma el 50 %, y el 50 % restante lo asuman por partes iguales el Ministerio de Agricultura y Fedearroz. Cuando las cosas no salen bien, hay que ser creativos y cambiar de estrategia. Los errores del pasado solo conducen al fracaso.
*Experto en financiamiento agropecuario.
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