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Esta semana, después de que el Ministerio de Educación Nacional presentó lineamientos para la reapertura de los colegios a partir de agosto, funcionarios de algunas entidades territoriales anunciaron que los cerrarán hasta diciembre. Fue el caso de Barranquilla, Atlántico y Medellín. Esta última, además, informó que acompañará a los colegios privados de la ciudad en la organización de las condiciones para su reapertura, con alternancia, desde agosto. En otras palabras, los niños privilegiados que pagan colegio privado podrán retornar en esa fecha, pero los del sistema público sólo podrán hacerlo hasta el próximo año.
Es el momento perfecto para dar la discusión sobre la brecha social que se está profundizando con esta crisis. Decidir en junio cerrar los colegios hasta diciembre es irresponsable y apresurado. Todos los niños deben regresar lo antes posible, pero, si vamos a escoger entre unos y otros, pensaría que quienes deben hacerlo primero son justamente los que no cuentan con recursos tecnológicos ni conectividad, viven en espacios reducidos donde la tensión del confinamiento es cada vez más crítica, están expuestos a maltrato o sus padres no tienen con quien dejarlos, pues deben salir a trabajar para ganarse la vida.
Si el sistema público no cuenta con las condiciones para que los niños regresen al colegio de manera segura, en vez de esconder la cabeza, lavarse las manos, morirse de miedo y hacer lo fácil (cerrar), debería estar organizándose para reabrir. No tiene mucho sentido gastar recursos “supervisando” a los privados, en vez de concentrarse en su responsabilidad. En diciembre la amenaza del COVID-19 aún estará y si los niños siguen confinados, sin posibilidades de moverse y sin socializar, presentarán daños irreversibles en su desarrollo cognitivo y emocional.
Las sociedades serias tienen como prioridad absoluta el bienestar de sus niños y jóvenes. Es inaudito que el Gobierno nacional deje en manos de las autoridades locales la decisión de abrir las instituciones educativas, mientras los centros comerciales y las iglesias ya lo hicieron. El Ministerio de Educación debe asegurar que todos los colegios lo hagan cuanto antes en condiciones adecuadas, protegiendo la salud de los estudiantes y sus maestros. Claro que no será fácil, se necesitará creatividad, estudiar las experiencias que ya han tenido otros países e invertir recursos, que afortunadamente parece haber de sobra, pues si estamos dispuestos a perder $1 billón en recaudo de impuestos para que los grandes grupos económicos se reactiven, los colombianos compren televisores y arriesguen sus vidas y las de los demás, seguro es porque el sector salud y el educativo cuentan con el capital suficiente para atender la crisis.
El Gobierno nacional se lava las manos, las entidades territoriales abrumadas toman el camino fácil, y los maestros y padres de familia, muertos de pánico, en vez de presionar y contribuir a que los cambios se den, insisten en que lo mejor es encerrar a los niños y mantenerlos conectados seis meses más. La resiliencia en los niños es menor, pues no saben proyectarse a mediano ni a largo plazo, viven el día y no logran imaginar un futuro mejor. Tristemente, el encierro por un exceso de precaución que disfraza el miedo, que aplica para unos comportamientos y no para otros, será la condena de los niños.
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