Acta y el control de Internet

Excusándose en discursos sobre el valor de la cultura y el respeto de los derechos de propiedad intelectual, las figuras más consolidadas de esta industria han promovido iniciativas proteccionistas que les aseguren su supervivencia sin obligarlas a evolucionar. Hace unos años fue el famoso Digital Millennium Copyright Act, una ley estadounidense que buscaba criminalizar la violación de los llamados sistemas de protección de derechos digitales. El último esfuerzo es ACTA, un misterioso tratado en negociación a escala internacional que, dicen sus defensores, nace en respuesta al aumento del tráfico internacional de productos falsificados y obras pirateadas.

Poco se sabe de ACTA: se sabe que trece naciones participan en las negociaciones; se sabe que estas deberían llegar a su cierre a finales de este año; se sabe que varias corporaciones han tenido acceso a las mismas; se sabe que uno de los principales propósitos del tratado es convertir a las compañías proveedoras de internet en cómplices automáticos de lo que quiera que hacen sus clientes; se sabe, finalmente, que no se sabe casi nada: las negociaciones (usualmente abiertas al público) en esta ocasión son secretas y todo aquel que accede a ellas debe firmar estrictas cláusulas de confidencialidad que supuestamente permiten el libre intercambio de ideas. Aunque ACTA podría cambiar radicalmente la manera como funciona y se desarrolla internet, instituciones elegidas democráticamente como el Parlamento Europeo o los Congresos de varios paises que supuestamente participan en el tratado no han tenido acceso a sus términos. En Estados Unidos, en particular, el tratado sería ratificado ejecutivamente, sin intervención del Congreso. Esto es preocupante.

Por otro lado, el problema que pretende resolver ACTA es complicado y real: los sistemas de intercambio de archivos están dedicados casi que exclusivamente a la transferencia ilegal de obras protegidas. La industria musical ha reducido sus ganancias en los últimos años y todavía no parece encontrar una manera de adaptarse a las nuevas reglas de juego. La televisión y el cine temen correr la misma suerte. La situación actual, donde cualquier persona puede descargar en su computador lo que desee, no es sostenible. Para garantizar que la producción de buen cine y buena televisión continúe necesitamos regular de alguna manera este intercambio de archivos. ¿Pero cómo? Si le creemos a los documentos filtrados de las negociaciones, ACTA propone, entre otras cosas, aumentar ampliamente las responsabilidades legales de los proveedores de Internet. Esto, a la larga, podría obligarlos a limitar sus servicios o, peor aún, ponerlos a las órdenes directas de las grandes industrias del entretenimiento, convirtiendo el internet en una especie de televisión interactiva por suscripción: un lugar más para consumir que para crear.

Adicionalmente, iniciativas como ACTA y otras similares buscan, en últimas, la supervivencia financiera de esquemas de negocio caducos. Ese, y no la defensa de los derechos de autor ni mucho menos la cultura, es su verdadero propósito. En lugar de innovar, de explorar maneras de aprovechar los adelantos tecnológicos para abaratar costos y llegar de maneras más eficientes (y probablemente mejores) a sus clientes últimos, es decir nosotros, estas industrias parecen preferir que se limiten legalmente las posibilidades de la tecnología para reducir el riesgo no de violación de derechos sino de competencia. De repente, el ambiente de libre mercado en el que estas industrias se desarrollaron y prosperaron durante el siglo veinte es demasiado libre para sus intereses. Y los más perjudicados con esta estrategia no son los piratas, ellos se adaptan, existían antes de la invención del intercambio de archivos y seguro existirán después, sino quienes tenemos que seguir pagando precios escandalosos por películas en cajas de plástico que no tenemos donde guardar para sostener en parte a las flotillas de barcos que transportan, absurdamente, videos desde fábricas en China.

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