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Hoy se cumple un aniversario más de la toma —y posterior retoma— del Palacio de Justicia. 40 años después, queda mucha verdad por saber y por decir. Por todo lo que ocurrió en Colombia en ese momento, 1985, sin dudas, es un año que convoca a la memoria. Quizá por esa razón me parece estimulante, para el necesario ejercicio de memoria histórica que requiere la nación colombiana, que la desclasificación de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad Nacional (DAS) —adelantado por el Archivo General de la Nación (AGN)— coincida con los 40 años de los acontecimientos sucedidos en el recinto de las altas cortes de Colombia.
Todo proceso de recuperación de la memoria histórica de una nación es un ejercicio político que requiere, por supuesto, de voluntad política. Sin duda, estamos en un momento coyuntural de la administración del país donde existe esa voluntad. Pero no se puede reducir la necesidad de una acción para el futuro de una nación a una simple explicación basado en la coyuntura porque detrás de eso lo que suele venir es la deslegitimación de los funcionarios que están al frente como estrategia para defender intereses políticos y posiciones ideológicas mezquinas.
Lo primero que hay que decir es que los archivos administrativos del DAS llegaron al AGN en 2011—esto es, en el mismo año en que se promulgaba la Ley 1448 o Ley Nacional de Víctimas que, precisamente en su artículo tercero, define a las víctimas con derecho a la verdad, a la reparación simbólica y a las garantías de no repetición, como aquellas que sufrieron “un daño a sus derechos por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985”—, y que los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados llegaron en el 2013. En segundo lugar, habría que señalar que la protección del archivo es una acción respaldada por decisiones judiciales nacionales e internacionales, que incluyen medidas cautelares producidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y que el Fondo Documental del extinto DAS es un Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico, además de estar incluido en el Registro Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo de la Unesco.
Dije arriba que atribuirle el necesario proceso de memoria histórica y el derecho a la verdad que necesita una nación a la simple explicación coyuntural por lo regular escondía intereses ideológicos y políticos estructurales. Hay rumores de que se orquesta una campaña de desprestigio contra Francisco Flórez Bolívar, actual director del AGN, acusándolo de una militancia en el M-19 que no resiste un simple ejercicio de sumas y restas. En realidad, eso es lo de menos: cualquiera que tenga un miligramo de sensatez sabe que es un rumor descabellado contra un profesional con sobrados méritos, a quien conozco desde su época de estudiante de pregrado en Historia en la Universidad de Cartagena. Lo que sí preocupa es que todavía haya personas dispuestas a inventar cualquier barbaridad con tal de oponerse al derecho a la verdad que, dicho sea de paso, también es una forma de derecho al duelo en un país acostumbrado a desangrarse.
Si los documentos del archivo se ponen en línea recta alcanzarían la cifra de 14.364 metros, y si a eso le sumamos los 47.829 medios electrónicos, se cree que alcanzaría para atravesar casi media Bogotá. Sin duda, es mucha información que, tratada con la responsabilidad necesaria, debe servir para que empecemos a convertirnos en una sociedad decente a través del necesario ejercicio de la memoria histórica y el acceso a la verdad.
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