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Todavía hay gente que recuerda los días del maestro Crescencio Salcedo en Medellín, vendiendo las flautas de caña de millo que él fabricaba. Algunos que lo veían ahí, como la múcura, tirado en el suelo de la calle Junín, con sus pies descalzos, la mirada estrábica y su piel amansada por soles y lluvias, le ofrecían monedas. Él las rechazaba con dignidad, porque no se asumía como un pordiosero, sino como un músico que quería ganarse la vida con lo que sabía hacer.
En Cartagena de Indias, desde hace mucho tiempo el destino turístico más importante de la nación y declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, también hace ya bastante tiempo la maestra Estefanía Caicedo murió en la absoluta miseria. Testigos de aquel momento cuentan que hubo que recurrir a una colecta de dinero entre gestores culturales y musicólogos para hacerle un funeral de caridad a la mujer que los expertos consideraron la mejor cantadora de bullerengue de todos los tiempos.
Ejemplos de este tipo en la historia de los músicos populares de la nación abundan. Me acordé de este par de casos en estos días, cuando los músicos de Chocó, previo a las Fiestas de San Pacho en Quibdó, se declararon en paro. Operación silencio, le llaman: cansados de que cada año, en una fiesta que no sería nada sin su presencia, los contraten por miserias, las chirimías decidieron silenciar sus clarinetes, bombardinos, redoblantes, platillos y tamboras. Y no es solo por el dinero —dicen—, es también, y sobre todo, por tratos dignos. Consideran que se les niega el “derecho de ser parte con voz y voto en el consejo directivo de la fundación” que organiza las fiestas, y piden también que se modifiquen los estatutos de manera que algunos miembros no se perpetúen en los cargos administrativos.
Este caso debería servir para repensar las apuestas patrimoniales de la nación. En los últimos años las políticas culturales, inspiradas en las directrices internacionales, se metieron en una carrera frenética de patrimonialización. Sin desconocer lo positivo que esto ha traído —dentro de eso, la organización de las declaratorias de patrimonio que normalmente dependían de los compromisos o los caprichos de congresistas o políticos de turno—, también hay que decir que se generó una creencia en la que se asume que las expresiones culturales solo tienen importancia en la medida en que sean parte de una declaratoria o estén incluidas en una lista de patrimonio. Aquí lo que se debería tener claro es que el patrimonio es importante en tanto es lo que la gente construye, en la mayoría de los casos de manera inconsciente, como respuesta a los desafíos de la vida.
Desde diciembre de 2012, las Fiestas de San Pacho fueron declaradas por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La relevancia de este hecho —nadie pone en discusión la importancia de la fiesta— estaría en el desarrollo de acciones que hagan posible la dignificación y las mejores condiciones de vida de quienes con su arte le dan sentido a esa manifestación cultural. Quizá Crescencio Salcedo, a su manera, rechazando limosnas en una calle de Medellín porque lo único que quería era que le pagaran por lo que desde niño aprendió a hacer, nos dio la clave. El patrimonio no debería existir solo para el regodeo de las ferias turísticas, su verdadero propósito tendría que ser la dignificación de la vida de quienes lo hacen posible.
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