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Fernando Carrillo, recién llegado al cargo de procurador general de la Nación, la tiene fácil. No es que se desconozcan los altísimos desafíos que tiene la entidad en estos tiempos; es que suceder a Alejandro Ordóñez da cierta ventaja.
Será poco probable que, por débil que resulte la gestión de Carrillo, tenga los alcances tan nefastos de los últimos años.
Alejandro Ordóñez tendrá que pasar a las páginas de la historia como el peor procurador que haya tenido Colombia alguna vez. La Procuraduría, que fue creada con el propósito de representar los derechos de los ciudadanos, fue secuestrada por su sesgo camandulero para atacar ferozmente todas las libertades y derechos de los colombianos, en especial los derechos de las mujeres y de las personas LGBT.
Lo interesante es que Ordóñez no estafó a nadie. Él se mostró siempre como lo que era: un enemigo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, un amante melancólico del Estado teocrático, un adversario de las apuestas de la Constitución del 91 –la que siempre le pareció demasiado libertaria– y un patriarca retrógrado. Su sesgo religioso y su ideología sugerían un peligro para la defensa del Estado laico y aún así le dieron el voto. Algunos trataron de justificar este espaldarazo por considerar que Ordóñez, al menos, sería un acucioso vigilante de los derechos de las víctimas y allí también se equivocaron. Alejandro Ordóñez fue el procurador que se posó como un buitre al lado de los intereses de los despojadores de tierras. Cuando pudo se fue a hacer actos populistas en territorios que fueron –y siguen siendo– dominios paramilitares y allí se reunió descaradamente con quienes se oponen a la restitución de
tierras.
Aunque habla con el carácter de un hombre de moral intachable, el fallo del Consejo de Estado que finalmente lo destituye del cargo dice mucho sobre quién es Alejandro Ordóñez y cómo se mueve en las esferas de poder. Su reelección fue postulada por la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados fueron bendecidos por el nombramiento de cargos para sus familiares en la Procuraduría General de la Nación. Un tipo de trueque que viola el artículo 186 de la Constitución Nacional. Nada menos y nada más.
Con el sueldo de la Procuraduría empezó sus primeros atisbos de campaña como presidenciable y desde allí también financió todos sus movimientos en contra del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc. No le ha importado evidenciar sus ideas delirantes –como si fuera un paciente psicótico paranoide sin medicación– al afirmar que la “ideología de género” está encriptada en el acuerdo de paz. Podría ser Alejandro Ordóñez un personaje de ficción de Dan Brown.
Por estos días se descubrió un pequeño detalle. El hombre salió destituido de la Procuraduría, ya no es funcionario público y, sin embargo, él y su familia cuentan con un esquema de seguridad de 16 carros pagados con los recursos públicos. La esposa de Alejandro Ordóñez va a la peluquería con un séquito de escoltas conformado por cinco carros. Cualquier manicura representa una excentricidad abusiva pagada con el bolsillo de los colombianos.
La vida política de Alejandro Ordóñez va en ascenso. No se conforma con poco. Se sabe rodear y tiene ambiciones. Le gusta el poder y se relame el bigote con la presidencia. Esto solo es la evidencia de que vendrán tiempos peores.