Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La gente en la vereda La Laguna, en Corinto (Cauca), dice que la mañana del pasado lunes 28 de octubre, a Flower Jair Trompeta Paví —campesino y defensor de derechos humanos— miembros del Ejército Nacional lo sacaron de su casa y lo mataron. Dicen que antes lo torturaron metiendo una de sus manos en una despulpadora de café —¿Flower sí estaba recogiendo café?—, que escucharon disparos, que vieron un helicóptero sobrevolando la zona y que, de no llegar a tiempo al lugar donde estaba el cadáver, la idea de los militares era hacerlo pasar como muerto en combate.
El Ejército dijo de inmediato que Trompeta Paví había sido dado de baja en combates con el Frente Jaime Martínez, disidencia del Frente 6 de las Farc, y en sus declaraciones el ministro de Defensa señaló que en efecto “esta persona fue muerta en desarrollo de una operación militar”, específicamente en “una operación antiguerrilla”. La comunidad asegura que en la zona no hubo combates —sólo los disparos que oyeron, con los que, al parecer, le quitaron la vida al campesino—, que Flower jamás hizo parte del conflicto armado y varios testigos anotaron que vieron cuando el Ejército lo sacó todavía con vida de su casa. Si por algo se conocía a Trompeta Paví —afirman los habitantes de esta zona rural de Corinto, al norte del Cauca— era por su condición de defensor de los derechos humanos y de miembro de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto (Astrazonacal), filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria.
Por el momento no existe absoluta claridad sobre el asunto. Nos enfrentamos, como suele suceder, a un cruce de versiones. Pero lo cierto es que las fuerzas armadas colombianas tienen una aterradora tradición que actúa en su contra: entre el año 2000 y el 2009, más de 5.000 personas —una cifra que muchos consideran que es mucho mayor— fueron asesinadas y luego presentadas como guerrilleros muertos en combate, en lo que se conoce en la trágica historia reciente del país como “falsos positivos”.
Tal vez por ese antecedente, el ministro de Defensa —que no suele serlo— esta vez fue más cauteloso y técnico en sus declaraciones. Sin embargo, la cautela no le alcanzó para dejar de decir que había que descartar en primera instancia que este caso se tratara de una muerte extrajudicial. En realidad, si algo conminó al ministro a alguna prudencia fue el fantasma de Dimar Torres Arévalo, un exguerrillero de las Farc asesinado por miembros del Ejército, el pasado 22 de abril en la vereda Carrizal, en la zona del Catatumbo (Norte de Santander). Justo por estos días, cuando surge otro hecho confuso que involucra a las fuerzas armadas, nos hemos enterado de la manera en que los militares planearon fríamente su asesinato a través de un grupo de WhatsApp con el nombre de su víctima. “Mi coronel, ya lo maté”, le informa el cabo Daniel Eduardo Gómez al coronel Jorge Armando Pérez Amézquita.
Esperar para ver en qué terminan las cosas. Es curioso: mientras todo esto sucedía, hubo preocupación porque el Estado colombiano no había firmado la prórroga para la permanencia de la Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia. Por fortuna se llegó a un acuerdo.
Conoce más