Pensar a Urrá en tiempos de Hidroituango

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Este año se cumplen 25 años del entierro simbólico que los indígenas emberá-katíos le hicieron al río Sinú por las consecuencias que traería el proyecto de Urrá. En 1994, más de 660 indígenas tomaron sus embarcaciones, que más bien parecían casas flotantes, y navegaron por las aguas para protestar y despedir al río con el que habían manteniendo una estrecha relación toda la vida. A veces, cuando la caravana fluvial pasaba frente a algún pueblo, se escuchaban aplausos de la gente que se arremolinaba en la ribera a verlos pasar en medio de los rumores del río. Sin embargo, ya nadie se acuerda de eso. Ya nadie se acuerda de Urrá y de todo el impacto ambiental y social de un proyecto que el Estado determinó por Ley desde 1942, a partir de una propuesta presentada ante el Congreso por José Miguel Amín y Miguel de la Espriella, representantes a la Cámara del departamento de Bolívar.

Pero en Tierralta, en el departamento de Córdoba, es imposible no acordarse. Por sus calles deambulan desde entonces una cantidad de indígenas emberás que abandonaron los resguardos para disfrutar de la monetarización de la vida cotidiana que Urrá trajo consigo. Lo que vino después solo algunos lo saben: alcoholismo, violencia y una alta tasa de suicidios de adolescentes indígenas, pero nada de eso se ha analizado en profundidad o por lo menos no está en el radar de ningún medio de comunicación de alta circulación.

La nación se olvidó hace rato de Urrá y sus impactos. También se olvidaron de los olvidos y los abandonos que trajo. Muchos indígenas perdieron su vocación agrícola y no volvieron a sembrar. Lo que antes cultivaban ahora lo compraban con los recursos de indemnización que llegaban cada mes o simplemente cambiaron su dieta alimenticia por productos adquiridos en supermercados. En 1999 se acordó una indemnización —aquí el progreso no negocia antes sino después del daño— de $45.463 mensuales para cada miembro de la comunidad emberá-katíos del alto Sinú, por un período de 20 años. En mayo de este año se cumple el plazo convenido y dejarán de recibir el subsidio.

Algunos que habían abandonado los resguardos empezaron a volver. El problema es que dejaron de sembrar, criar animales de corral y cazar animales de monte desde hace rato —algunos de esos animales, de hecho, ya no existen, porque se extinguieron como consecuencia del proyecto y las miles hectáreas de tierra inundadas—. Todo lo están llevando de las cabeceras municipales y los centro urbanos. Perdieron su vocación agrícola y el dinero con el que la reemplazaron momentáneamente ya no estará más. Lo que viene, sin duda, es incierto. Urrá, cuya construcción fue asumida, además de la generación de energía, como la solución al problema de las inundaciones, terminó destruyendo el tejido social que no causaron las periódicas crecientes del río Sinú. En medio de la incertidumbre, quizá lo único cierto es que habrá hambre, mucha hambre y descomposición social.

Ahora, en tiempos del controvertido Hidroituango y de un Urrá olvidado, se hace necesario pensar más que nunca en las causas ambientales y sociales a mediano y largo plazo del tan cacareado desarrollo. Desarrollo que, visto desde una solo lógica, termina siendo una avalancha sin control que arrasa con todo lo que encuentra a su paso.

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