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El máximo líder del partido político que ahora gobierna en Colombia encarna una figura que suele ser objeto de veneración por unos y de odio visceral por otros; tiene una finca con nombre de evocación literaria y muchos consideran que posee la habilidad y el poder para domar a su antojo a gente y caballos. Pero convengamos que todo esto no le alcanza para ser personaje principal de una novela de dictador del estilo de las que producía el Boom Latinoamericano en sus años de gloria. Sin embargo, en estos días, tanto Álvaro Uribe desde el Congreso, como el presidente de la República, han coqueteado con las prácticas políticas propias del populismo.
Justo en momentos en que la consulta anticorrupción entraba en su etapa final, Uribe presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que otorga facultades al presidente para aumentar de manera extraordinaria el salario mínimo. Por supuesto, como dice el investigador Marco Palacios: “Los populistas son una creación de los analistas”, nadie se asume como tal, y “el apelativo les viene de afuera, como un insulto”. Pero nada más populista que coquetear con las “emociones fáciles” de la mayoría, a través de las promesas de aumento del salario mínimo.
Todo parece indicar que ese dinero no entrará directamente a las cuentas de quienes viven de ese monto salarial. Consecuente con el paternalismo con el que también comulga el populismo —la exposición de motivos del proyecto habla de la necesidad de crear una economía cristiana y solidaria—, existe el riesgo de que malgasten el dinero, de modo que se guardará en fondos privados de cesantías para ser usado con propósitos nobles. En esto las nuevas formas de populismo se muestran aparentemente responsables con la economía, contrario a las de viejo cuño a las que la inflación que producía el aumento salarial le parecía una nimiedad. En realidad, la iniciativa juega a varias bandas: se asegura la popularidad al convertirse en la administración que aumentó el salario mínimo, sigue congraciada con los administradores privados de recursos de pensiones y cesantías, y baja el impacto de la reforma tributaria que se avecina en la opinión pública.
La forma de moverse del nuevo gobierno se insinúa claramente. Representa una jugada de habilidad y equilibrio en el manejo de lo público que puede ser clasificada de perversa o ingeniosa, dependiendo de quién la mire y a quién favorezca. Iván Duque aprovechará la juventud y su imagen de conocedor de las formas vanguardistas de administración pública, rebajará impuestos a los grandes empresarios, pregonará su conocimiento de la economía naranja, visitará ferias artesanales por todo el país, mientras sus copartidarios en el Congreso harán el trabajo de aprobarle los proyectos y de asumir ellos mismos la iniciativa de los que consideren puedan desdibujarle el perfil de supuesto político moderno.
En lo que sí parece que irán públicamente de la mano es en la cruzada moral de impulsar un referendo en 2019 para que se establezca la cadena perpetua como condena a violadores y asesinos de niños. Se revisita el populismo. Se acude al sentido primario que la gente tiene de la justicia, sin analizar de forma reposada y responsable las consecuencias que ese tipo de medidas traerían en un país con precarias garantías judiciales y un paupérrimo sistema carcelario, sin que esto signifique la disminución de la violencia sexual ni los asesinatos.
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