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Sequía y desesperanza

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A las cuatro de la tarde, debajo del puente que une a los municipios de Plato y Zambrano en la región Caribe colombiana, un viejo pescador hace una pausa y mira hacia abajo para verificar lo que ya sabe. A punto de cumplir una jornada entera lanzando su atarraya al río Magdalena, lo único que ha sacado es un pequeño bagre que yace tieso por el sol en el fondo de su canoa.

Con la pérdida de caudal, los pilares de hormigón que sostienen el puente sobre el río parecen las patas de un miriápodo gigante cruzando un pequeño arroyo. Según los que saben y miden, entre el año pasado y lo que va de este, el nivel del agua el río Magdalena descendió aparatosamente y lo que antes estaba cubierto de agua, ahora es un extenso playón lleno de maleza y pequeños charcos cundidos de mosquitos.

En otro lado, en la Ciénaga del Hobo, en el corregimiento de Hatoviejo, municipio de Calamar, departamento de Bolívar, las canoas son objetos mohosos que extrañan su vocación navegante. Se les puede ver como ballenas encalladas en el barro seco y agrietado por la falta de lluvias, y a los pescadores moviéndose alrededor de ellas como quien rodea un cadáver. Caminan desesperanzados, con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido por el sol, con la única certeza de que hoy no habrá pescado para alimentar a sus familias. Tampoco llegarán a las mesas vituallas traídas del campo porque la tierra reseca no produce nada.

Colombia es un país donde el hambre siempre dice voy y vuelvo. Regresa con precisión cada año. Viene con el verano que seca los ríos, impide la pesca, acaba con el agua para el consumo humano, y convierte la tierra en peladeros estériles. Sin embargo, no existe un plan de contingencia para algo que, con algunos matices y variaciones, se sabe que llega todos los años. Lo único que se hace es pintar la situación lanzando alertas de todos los colores, pero no existe un programa estructurado y sistemático que garantice la seguridad alimentaria y suministre agua potable a los poblaciones afectadas por la sequía.

Tampoco hay políticas claras que pongan fin al uso indiscriminado y al control de las aguas por parte de terratenientes que en épocas de escasez de lluvias afecta a los campesinos y pescadores pobres. Hace un par de días la defensora del Pueblo de Bolívar visitó la zona rural del municipio de Zambrano y se percató que varios cuerpos de agua, entre ellos las ciénagas de San Sebastián y Playa de las Bestias, de las que depende el sustento de cientos de familias de pescadores y campesinos, no sólo se están secando aceleradamente por la falta de caudal en el río Magdalena, sino también por el abuso en el uso del agua por parte de cultivadores de palma y ganaderos. Se dice que han secado jagüeyes y que muchos que eran de servicio comunitario ahora son explotados por privados que extraen el agua con máquinas para ser usada en ganadería y agricultura.

Mientras los grandes terratenientes acaparan el agua y la minería ilegal contamina las fuentes hídricas, mucha gente en el país muere de hambre y sed. Los pocos animales de corral de algunas familias buscan la escasa sombra que proporcionan los árboles de ralo follaje y los campesinos, a pleno sol, arañan la tierra reseca. Otros, ilusionados, siguen lanzando sus redes al agua, sólo para pescar a diario la desesperanza.

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