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Este falso positivo judicial tiene tanto de aberrante como de insólito.
Diez años atrás, en 2012, un presunto estudiante de psicopedagogía entabla amistad con otros alumnos de la Universidad Pedagógica, participa de las marchas y los debates, asiste a las casas de los activistas. Gana su confianza al punto que, cuando los invita a una finca de recreo en Lebrija, Santander, nadie desconfía. Varios asisten, entre ellos el profesor Carlo Alexander Carrillo y las estudiantes Érika Aguirre y Xiomara Torres. Llegan a la finca Villa Karen el 25 de septiembre, para, a la madrugada siguiente, junto a estudiantes de otras partes del país, ser capturados por un comando de la Dijin, sindicados de fabricar explosivos y de integrar una red guerrillera denominada Juventudes M-19.
Los medios divulgaron el montaje oficial. Bajo el título “Capturan universitarios que planeaban disturbios en aniversario de muerte de Mono Jojoy”. El Espectador reprodujo dos días después el rugido del entonces director de la Policía, general León Riaño: “Este grupo de estudiantes se encontraba preparando material explosivo para protestas en la UIS, donde, de acuerdo con el material recaudado, pretendía cometer acciones vandálicas” [Ver]. Al profesor Carlo lo convirtieron en alias Caco, y a las estudiantes Érika y Xiomara, en alias Mónica e Indira.
El ardid empezó a derrumbarse cuando el fiscal Bohórquez Flechas presentó a su principal testigo, una “fuente no formal” que resultó ser el amistoso estudiante de psicopedagogía, que resultó ser un agente encubierto de la policía. Aunque este acusó a los imputados de ser diestros cocineros de papas explosivas, al juez no le convenció el conjunto de las pruebas presentadas. Por el contrario, recriminó a Flechas por basar el caso en el testimonio del infiltrado, quien nunca tuvo una orden de la Fiscalía o una autorización de un juez para acechar a los entrampados. En consecuencia, tras diez años de pesadilla, cuatro de los cuales estuvieron encarcelados, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga decretó su inocencia a finales de julio.
Lo más insólito de esta historia –aparte del hecho de que el juez Beltrán no haya ordenado investigar el proceder del agente secreto y sus superiores– es la identidad del sujeto en cuestión, quien responde al nombre de Diomedes Díaz. Cúper Diomedes Díaz Amado, para ser más exactos, como se lee en la denuncia penal instaurada por la madre de una de las inculpadas.
Imagino a los papás de Cúper Diomedes poniéndole el nombre al muchachito. Coinciden en el Diomedes de su ídolo musical, y anteponen el Cúper, no sé si por la estrella del cine Gary Cooper, o por Cupertino Surrucuca, uno de los personajes del dúo Los Ruanetas en Sábados Felices. Así, con ese rótulo altisonante, los Díaz Amado lanzan al mundo a su vástago, destinado a ser espía.
En principio, resulta absurdo pensar que alguien con un nombre tan reconocido como el de Diomedes Díaz pueda ser agente secreto en este país. Lo mismo diríamos de alguien llamado Radamel Falcao o James Rodríguez. Cúper Diomedes lo consiguió. El boletín de alerta que lanzó el portal Universidad Pública Colombia para denunciar esta estrategia de criminalización del movimiento estudiantil muestra un Diomedes Díaz bien parecido, mejor conservado que el cantante, más jovial de civil en la universidad que en el carné de policía.
En últimas, Cúper Diomedes capitalizó lo que parecía imposible: aprovechar su nombre de ídolo entronizado en el inconsciente colectivo para engatusar a sus víctimas, a lo cual se suma el efecto subliminal de su segundo apellido. Porque, ¿a quién no le parecería simpático ser amigo de Diomedes Díaz Amado? ¿Cómo no sentirse halagado si Diomedes Díaz le gasta una empanada a uno? ¿Cómo no marchar confiado junto a Díaz Amado? ¿Cómo negarse a salir a rumbear con él o rechazarle la invitación a una finca?
“Lo consideraba casi como un hermano. Para Érika y para mí era una persona más de la familia”, señaló Xiomara Torres, la estudiante de Física que por fin logró graduarse el año pasado y obtuvo una beca de maestría en el exterior. Su amiga Érika Aguirre, estudiante de Química, creó a partir de su experiencia la campaña Objetivo Libertad, que recopila y denuncia falsos positivos judiciales. El profesor Carrillo sigue dedicado a la enseñanza y a la cuentería, y espera ser resarcido tras batallar una década por recuperar su buen nombre: “Estoy contento porque no somos lo que los medios mostraron. No es lo mismo que tú digas ‘soy inocente’, a que lo diga la justicia. Fue una tortura de diez años” [Ver].
De modo que, integrantes de ONG’s, líderes y lideresas barriales y estudiantiles, compañeras y compañeros activistas, mucho ojo: si las o los llega a abordar alguien llamado Diomedes Díaz, Silvestre Dangond o Jessi Uribe, tengan cuidado, desconfíen al máximo, lo más probable es que se trate de un infiltrado.
Por John Galán Casanova
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