Providencia en el olvido

¿Ve ese paquete?, bien, le pagamos si logra llevarlo, en un carro que nosotros le damos, a un punto determinado en un barrio de la periferia. Una vez en el destino final, le van a dar otro paquete, que usted debe regresar al punto de partida. El domicilio debe tardar, si todo sale bien, unas 10 horas. ¿Entendido? La recompensa será de 150 millones de pesos. Eso sí, hay un riesgo, y es que si lo capturan en alguno de los retenes, puede pasar entre 8 y 16 años en una cárcel extranjera. ¿Qué haría usted?

Este escenario, hipotético para cualquiera de nosotros, es una realidad diaria, un dilema de cada tarde, para muchos jóvenes de la isla de Providencia y Santa Catalina, en el Mar Caribe colombiano. Isleños que, en lanchas rápidas o en buques, se arriesgan a transportar droga hasta Centroamérica. Muchos de ellos, navegantes desde niños, están desempleados, viven de la pesca o del turismo. Su desgracia, en buena medida, se llama indiferencia, y es que el Estado es ausente y despreocupado. Nunca le ha importado la suerte de estos raizales que son tan colombianos como nosotros. Porque vamos a decirlo sin matices: San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como Buenaventura, Tumaco o Chocó, hacen parte de una gran Colombia que el Estado ha olvidado. Salvo en elecciones, claro. Todo esto, lo sabemos, es terreno fértil para fenómenos como el narcotráfico.

Hace unos meses, un artículo en la BBC hablaba de unos 800 jóvenes desaparecidos o presos en cárceles gringas. Luz Marina Livingstone, raizal y líder comunitaria, lleva años siguiendo el rastro a estos jóvenes. “Puede haber unos 750 presos en cárceles de Estados Unidos, muchos de ellos están en Tampa, en la Florida, donde incluso hay un ala que se llama Old Providence”, me dice. Para entender la magnitud del problema, un dato y una afirmación: en la isla viven 5.200 personas (en Providencia y Santa Catalina), y no hay una familia que no tenga un familiar preso, muerto o desaparecido por culpa del narcotráfico.

Allí no niegan el problema, pero insisten en aclarar que Providencia no es un paraíso de la mafia, que la isla no es un lugar plagado de mafiosos. Hay que entender la diferencia entre un transportador, que no es más que el eslabón más débil de la cadena, y los narcotraficantes detrás del negocio. Estos isleños, capitanes de mar, navegantes, caen en la tentación del dinero fácil, de la adrenalina que produce el viaje por un mar que tienen guardado en su cabeza desde antes de hablar. Pero no son mafiosos. A todo esto, que según una periodista local ocurre desde principios de los 90, hay que sumarle el fallo de La Haya. Cuando Colombia perdió esos 75 mil kilómetros de mar con Nicaragua, en 2012, los nicaragüenses lo advirtieron: no tenemos la capacidad militar para vigilar las aguas que ahora nos pertenecen. Traducción: ese mar se convirtió en una autopista abierta y libre para el trafico de drogas.

En los últimos meses la situación ha empeorado. Cada semana puede caer hasta un joven en los controles del servicio de Guardacostas de Estados Unidos. Algunos pasan por Guantánamo, en Cuba, para luego ser trasladados a una cárcel en la Florida. Si caen tres veces, se quedan de por vida en una celda. Mientras tanto, los isleños eligieron como su nuevo alcalde a Bernardo Bent Williams, un político de 45 años que, recuerda La Silla Vacía, está en el ojo de la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y tiene algunos bienes en extinción de dominio porque ni él ni sus hermanos Benjamin, Byron y Luciana Bent Williams le han comprobado al Estado si los adquirieron con dinero lícito. Una de las promesas de campaña del cuestionado señor Williams, fue acabar con la presencia de la policía en la isla. ¿Qué pasará a partir del primero de enero de 2016?