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La confrontación política y la tensión institucional continuarán en este año y en lo que queda del gobierno Petro. El presidente percibe que esa es la forma de enfrentar a un establecimiento que no le pasa una, y los partidos y líderes de oposición encontraron que resistirse a las iniciativas del gobierno trae réditos políticos en la antesala de un año electoral.
El funcionamiento de las instituciones en este clima de confrontación indica que una radicalización no implicará una ruptura de las reglas de juego democrático y que el gobierno terminará su período en agosto de 2026, y la democracia colombiana dará por superada la prueba de la alternancia democrática sobre la cual se han tejido escenarios apocalípticos que no se han concretado, sin perjuicio de los balances que cada quien realice.
Este gobierno del cambio no ha sido el gobierno de las grandes transformaciones, ortodoxo en materia económica, grandilocuente y poco eficaz en los social, audaz en los temas que ha puesto en la agenda pública y que implica, de aquí en adelante, un nuevo tipo de conversación como sociedad política. Una reforma pensional no muy ambiciosa, una discusión caótica sobre cuál debe ser el mejor modelo de salud, una refocalización de subsidios, una jurisdicción agraria aún por implementarse, un nuevo régimen de transferencia de recursos entre la Nación y los entes territoriales, y poco más.
El desencuentro ha sido lo común entre el Gobierno y la oposición, lo cual en un régimen transaccional como el colombiano es tremendamente ineficiente para unos y otros. Cuando han logrado acuerdos, han avanzado las reformas y algunas cositas han cambiado.
Pero hay temas que no dan espera, que deben resolverse sí o sí, pues son temas sin los cuales no podemos seguir avanzando como sociedad en medio de la confrontación política. Un acuerdo de mínimos puede y debe concretarse en lo que queda de gobierno o terminaremos perdiendo todos. Apostar a la teoría general del caos no es rentable para nadie, salvo para los más extremistas que le apuestan a un escenario catastrófico.
Cinco temas sobre los que debe darse un acuerdo entre las principales fuerzas políticas: Una política integral de recuperación del territorio, especialmente en aquellas regiones donde el Estado ejerce una gobernabilidad difusa con presencia de grupos armados de diferente estirpe, como bien lo ha documentado la Fundación Pares en un informe reciente. Esta política debería estar atada a la evolución de cuatro indicadores: reducción de homicidios, especialmente de líderes sociales, reducción de reclutamiento de menores, disminución de hectáreas cultivadas con coca y menos ataques a población civil. Esto implica una revisión del modelo de negociación de la Paz Total que ha generado los incentivos para la proliferación de nuevos grupos armados que tienen en jaque la seguridad pública en muchos municipios.
Ley de competencias para el nuevo Sistema General de Participación, sobre la base de la sostenibilidad fiscal y una adecuada asignación de competencias a los entes territoriales, más un fortalecimiento de la gobernanza del pequeño municipio que hoy es incapaz de atender las necesidades básicas de sus habitantes y facilita la disputa de legitimidad al Estado por parte de grupos armados.
Una reforma a la justicia enfocada en el acceso, especialmente de las poblaciones más vulnerables y de las zonas más apartadas de la geografía nacional. La Comisión convocada por el Ministerio de Justicia –hoy en modo zombi– todavía puede entregar un documento de recomendaciones de política. Esta reforma también debe estar atada a la disminución de tres indicadores: congestión, retardo en los procesos judiciales e impunidad en materia penal. La reforma debe armarse en un diálogo permanente con la rama judicial y la Fiscalía.
Un nuevo modelo de salud que resuelva el tema de inequidad en el acceso y la calidad entre las grandes ciudades, ciudades intermedias, pequeños municipios y zonas rurales. Esto implica un nuevo rol para las EPS, de gestoras en salud como se ha propuesto, con un marcado acento preventivo y una red hospitalaria, pública y privada, capaz de garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos.
Un nuevo sistema de protección social enfocado en las poblaciones vulnerables que nos lleve de un modelo esencialmente asistencialista a uno de cuidado e inclusión productiva. Los riesgos sociales han cambiado, la población envejece, se visibilizan nuevas vulnerabilidades y el modelo clásico de transferencias monetarias no es suficiente para atender el riesgo social. Los llamados mileistas a una reducción del Estado no deben comprometer el cuidado de quienes tienen menos posibilidades de hacerse cargo de sus desventuras. Un recorte del tamaño del Estado y reducción del déficit fiscal, sin sacrificar servicios sociales esenciales, puede ser también un escenario de encuentro entre diferentes sectores políticos.
Insisto, pueden seguir peleándose y, en un año preelectoral, es lo rentable políticamente, pero también pueden recordar que la democracia es el sistema de gobierno que permite llegar a acuerdos entre opuestos pensando en el bienestar general. Apostarle al fracaso puede resultar contraproducente para quienes quieren con ello una derrota política del gobierno.
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