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La semana pasada, el aire de Bogotá estuvo altamente contaminado con macropartículas, que afectan la salud de sus habitantes, en especial embarazadas, niños y ancianos. La razón principal fue el fenómeno llamado “inversión térmica”, que impidió que las corrientes de aire circularan limpiando la atmósfera. La capital, a diferencia de Medellín, que está encerrada por montañas, tiene un flujo natural de circulación.
Las autoridades, para mostrar responsabilidad, tomaron una serie de medidas con sus correspondientes restricciones y multas. Varias preguntas surgen: ¿si están tan preocupadas por la salud del ciudadano, por qué eligieron la tecnología diésel para renovar la flota de Transmilenio, en vez de la eléctrica o el gas natural?, o ¿por qué extendieron la vida útil de la contaminante flota actual? Esta extensión trae grandes beneficios económicos a los propietarios, pues la tarifa se calculó con la depreciación del millón de kilómetros. La decisión trae costos ambientales y de congestión, pero no se tradujo en menor tarifa ni mayor ingreso al Distrito.
De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Ambiente, el 44 % de las partículas lo generan las fuentes fijas, industria en especial, y el 57 % proviene de fuentes móviles.
Los automóviles, incluyendo los taxis, producen el 2,7 % de emisión de las fuentes móviles, lo que se traduce en el 1,5 % de la emisión total. Los grandes beneficiarios con la restricción del pico y placa fueron los taxistas y los operadores de Uber; estos últimos hicieron su agosto en febrero con la llamada “tarifa dinámica”.
No hay una explicación clara del porqué las autoridades consideran que un carro particular que va del punto A al B contamina más que un taxi, que debe ir del punto C al A, al B y seguir su recorrido. Se buscaron razones termodinámicas y no se encontraron, la respuesta tampoco está en los sistemas de diseño o conducción, se exploró si el color de la carrocería tenía algún efecto y la respuesta fue negativa. La explicación se sale del ámbito de la ingeniería y aparece en la ciencia política: los propietarios de los carros particulares no son tan generosos en la financiación de las campañas políticas, como sí lo son los dueños de las licencias de los taxis. Antes de las restricciones, cada licencia se negociaba por encima de los $50 millones. Este valor lo capta totalmente el propietario de la licencia, fruto de la regulación; ni un peso va a las arcas distritales.
El transporte público “provisional”, que ya celebró su quinquenio (aniversario de madera), se apresta para celebrar su primera década (aniversario de aluminio); contribuye con el 13,6 % de la emisión de contaminantes; es decir, con el 7,6 % de la contaminación total. Transmilenio y el SITP aportan el 9,8 % de la emisión de fuentes móviles; el 5,5 % del total. El transporte de carga, debido a la obsolescencia del parque, es el más contaminante: el 43,6 % de las emisiones de fuentes móviles es generado por este sistema.
Es indignante ver la pasividad de las autoridades policivas ante las chimeneas ambulantes, que contrasta con el permanente chequeo a los automóviles, especialmente si son conducidos por mujeres o jóvenes. Esto puede explicarse por estímulos monetarios no muy claros o, también, por la sensibilidad de la financiación de campañas.
La contaminación ha disminuido; no se sabe qué tanto contribuyó la restricción y qué tanto las lluvias.
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