Costos

Es bueno recordar que esa opción se aplicó con especial énfasis durante el gobierno de Uribe y, a pesar del aumento en el presupuesto militar, del pie de fuerza, de los atropellos de los derechos humanos, de las punibles alianzas de los organismos de seguridad del Estado con los paramilitares, de los cambios constitucionales en beneficio propio, de los crímenes para mostrar aumentos en las bajas de las guerrillas asesinando civiles indefensos y presentándolos como guerrilleros muertos en combate; a pesar que la política de Estado para combatir la insurrección parecía guiada más por la sed de venganza que por estrategia militar y democrática, al finalizar el período de Uribe, la guerrilla se había debilitado, pero continuaba activa y su capacidad de afectar la economía, la vida cotidiana y, lo más importante, el derecho a la vida continuaba casi intacta.

Quienes se aferran a una salida militar tuvieron su oportunidad ocho años en el Gobierno y no la lograron. Es de justicia que no se obstaculice la búsqueda por parte del Gobierno y la sociedad de una salida negociada.

Con buenas intenciones, o, por el contrario, buscando debilitar el apoyo de una paz negociada, se habla de los “costos de la paz”. Uno de ellos, el menor, es el asociado a la reinserción de quienes dejen las armas. Los más significativos son inversiones que debe hacer el Gobierno para mejorar la calidad de vida de los campesinos, y el aumento de la competitividad de la producción rural. Otros son los costos para compensar a las víctimas del conflicto o la reintegración social de los millones de desplazados; también los que se asumen para tener estándares aceptables de los servicios de salud, educación, etc.

Estos análisis económicamente impecables parten de una hipótesis discutible: las inversiones para llevar la presencia del Estado a zonas marginadas, la orientación del gasto público para la salud, educación, vías terciarias, servicios públicos, etc., son “costos” atribuibles a la paz. Esto es incorrecto. La reorientación del gasto público, para compensar así sea parcialmente el sufrimiento de las víctimas del conflicto, para sacar del siglo XIX a los campesinos y ofrecerles una puerta a la modernidad; los “costos” para que el Estado que cumpla los compromisos inherentes a los derechos de salud y educación, no son “costos” de la paz. Estas obligaciones del Estado deben cumplirse con o sin paz; son condición para mantener la legitimidad del Estado y del modelo de desarrollo.

El discurso hace pensar que, si no hay paz, este “costo” no se produce, pues no se harían las inversiones necesarias para cumplir las obligaciones constitucionales de proveer los derechos esenciales. Por otra parte, el mensaje hace pensar que los derechos fundamentales del ciudadano se le respetarán, no como consecuencia del modelo de Estado aceptado por la sociedad, sino como fruto de la presión de un grupo armado.

Los beneficios de la paz superan los costos, estos son los que debe asumir un Estado democrático, con un sistema fiscal equitativo.