Defensas

El éxito de internet se fundamenta en la libertad de usarlo para temas serios, científicos, y también para pseudociencia o para destilar odio. No le corresponde a ningún gobierno trazar los límites entre lo que puede o no divulgarse. Así se inicia la peligrosa censura. En los países en los cuales las libertades ciudadanas brillan por su ausencia, es usual que sus políticas tiendan a restringir el acceso a la información y a seleccionar cuál es políticamente correcta, para que sus súbditos, que no ciudadanos, puedan usarla.

Convertir en delito penal lo que es políticamente incorrecto es desviar las prioridades de la justicia, que en Colombia es paquidérmica.

Para quienes creen en teorías conspirativas, pueden concluir que la maledicencia de la congresista es una acción deliberada para buscar que la opinión pública presione al Gobierno para que reglamente el contenido y así lograr uno de los ideales de la ultraderecha: la censura de opinión.

Tienen razón, igualmente, los congresistas del Centro Democrático en rechazar la insinuación de que la oposición es una acción criminal. No es correcto ni siquiera pensar que, ya que el gobierno de Uribe se especializó en calificar a la oposición como subversiva, se le pueda dar a probar de su propia medicina, aunque sea en dosis homeopáticas. El grupo que hoy con razón protesta no condenó, y en algunos casos estimuló, el poder de la autoridad para amenazar a los opositores, el empleo de las instituciones del Estado para perseguir ilegalmente a sus contradictores, las alianzas con las fuerzas más oscuras del paramilitarismo que entraban al palacio del presidente, por el sótano, para urdir ilegales patrañas que buscaban descalificar a quienes osaran cuestionar el poder absoluto del jefe de Estado, o de investigar a sus allegados.

Agencias del Estado, directamente bajo el control del presidente, se aliaron con siniestras fuerzas paramilitares para amedrentar o eliminar opositores. A sus directivos, el presidente los calificaba de buenos muchachos, estimulando así su comportamiento antisocial. Como el uribismo creía que podía perpetuarse en el poder, empleando todas las armas, aun las legítimas, no pensaron en la obligación que la Constitución impone de expedir un estatuto de la oposición.

Las reglas de la democracia no autorizan a “darles de su propia medicina”. Hay diferencia entre un gobierno autoritario y megalómano como el de Uribe y uno que ha mostrado civilismo y respeto por la oposición como el de Santos. Como se dice coloquialmente: “no hay que dar papaya”; no es apropiado que, antes de que se pronuncien los organismos judiciales, el Ejecutivo señale a la oposición de conductas ilegales que están aún bajo investigación. Es igualmente importante mantener las totales medidas de seguridad al expresidente Uribe. Exigirle la entrega del apartamento que tiene en las instalaciones militares puede entenderse como una provocación innecesaria.