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Una buena noticia fue la decisión del Gobierno de alejar el fantasma del racionamiento, o su nombre políticamente correcto: cortes programados.
Muchos factores contribuyeron: el ahorro voluntario y autogeneración de las empresas que superaron la meta del 5 %, la lluvias en la zona centro llegan al 68 % del promedio histórico, en Antioquia el 50 %, el 66 % en el Oriente y el 93 % en el Valle, mostrando que la sequia debida a El Niño está perdiendo fuerza. Hay confianza en que Guatapé pueda entrar en operación en los primeros días de mayo; hasta marzo, la generación térmica, 50,6 %, superó la hidráulica; también han contribuido las compras al Ecuador de siete Gwh/día.
Hubo muchas presiones para que se decretara un racionamiento. Las térmicas de mayor costo operativo podían así reducir la brecha entre el precio de venta y el costo del combustible. Produciéndose el fenómeno conocido como “beneficios concentrados y costos distribuidos” concentrados en los propietarios y los costos distribuidos en los usuarios. Es cierto que las térmicas que trabajan con combustibles líquidos tienen un costo superior al de la tarifa. Esto les reduce la utilidad que obtuvieron por el pago del cargo por confiabilidad.
Al reducirse la generación, las primeras plantas térmicas que dejan de operar son las que emplean el combustible más costoso, logrando así mantener los beneficios que lograron con el cargo por confiabilidad.
La emergencia mostró que si bien el cargo por confiabilidad permitió ampliar el parque térmico y la construcción de hidroeléctricas, la regulación tiene una zona gris. Algunos propietarios alegaban que el cargo era para mantener las plantas y no obligaba a operarlas. Curiosa interpretación, el objetivo es que generen cuando se necesite. Otro aspecto que afloró es la prevalencia de lo financiero sobre la ingeniería. Cuando el Gobierno afrontó la realidad de Termocandelaria y la intervino, encontró que los activos no estaban en la sociedad, sino en un leasing, y que la empresa no tiene la capacidad de responder financieramente. La operación inicial por parte del Gobierno de la termoeléctrica intervenida no fue a plena capacidad, utilizando argucias regulatorias. La grave falla de Guatapé obligó a cambiar el modo de operación y Termocandelaria generó a plena capacidad. No está claro quién asumirá los sobrecostos: ¿el Gobierno, el sistema eléctrico, los usuarios? Los propietarios no han puesto la cara.
Los cisnes negros existen, los sucesos de probabilidad nula ocurren o, en términos más coloquiales, “no hay situación por mala que sea que no es susceptible de empeorar”. Esto fue lo que ocurrió en Guatapé, el incendio de los cables sacó de funcionamiento la central, las plantas de San Carlos y Jaguas están aguas abajo del embalse del Peñol, que alimenta Guatapé, por lo cual se produce un efecto cascada. El accidente de la central le quitó al sistema el 30 % de la energía embalsada. Con buen criterio, el sistema integrado pone en ceros la energía almacenada, hasta que se repare el daño. Así, Antioquia solo registra embalses al 8,7 % de la capacidad máxima. El Centro en el 36 %, Oriente en el 33 %.
No hay que bajar la guardia, debe seguirse estimulando el ahorro y la autogeneración y revisar día a día los aporte hídricos, hasta cuando haya certeza de que El Niño nos abandona, ojalá no nos deje una Niña y en pocos meses estemos inundados.