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Las políticas públicas deben ser eficientes y lograr los objetivos que buscan, no deben concentrarse en su popularidad sino en sus resultados. Los gobiernos lanzan con gran publicidad políticas generalmente represivas, diciéndole a la ciudadanía que buscan reducir la inseguridad, disminuir la criminalidad y la violencia o simplemente retomar las buenas costumbres.
Durante un tiempo las monarquías absolutistas desestimularon el consumo del café en sitios públicos pero cerrados. Creían, y no les faltaba razón, que allí se reunían los conspiradores. Antes de combatirse con medios de salud pública, el consumo del tabaco en algunos países era castigado penalmente. La prohibición del alcohol en Estados Unidos estimuló la proliferación de las mafias y la violencia; hoy en sus ciudades los casinos hacen parte del paisaje, antaño eran camuflados y su operación corría a cargo de las mafias que sobornaban a los políticos y a la policía. La prostitución no desapareció ni disminuyó mientras estuvo prohibida con sanciones penales. Lo que las iglesias llaman pecado algunos gobiernos lo convierten en crimen, propiciando así la corrupción y la violencia.
Las políticas públicas vacías de resultados causan perjuicios a la sociedad al desviar recursos que podrían aplicarse para resolver problemas de la comunidad. Un ejemplo de lo anterior es la cruzada del gobierno Duque para desestimular el consumo de drogas decomisando la dosis personal.
Las cifras de decomisos entre octubre de 2018 y julio de 2019 muestran que se han incautado 238 kilos (no toneladas ni arrobas) de drogas. De éstos, 217,5 kilos corresponden a la marihuana. Solo 18,5 kilos corresponden a otras drogas, la mayor parte bazuco y pasta de coca (El Tiempo, julio 14, 2019). La marihuana está parcialmente legalizada y hay cultivos autorizados, por lo cual no puede hablarse del decomiso de marihuana como un triunfo de la política. Los resultados muestran que se decomisan cerca de 70 gramos diarios de droga “dura”. O las cifras están mal o el resultado es casi risible. No puede deducirse que el decomiso de un gramo de un alucinógeno evita que alguien lo consuma; simplemente lo obtiene de otra fuente. La cruzada parece haber perdido impulso: entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2018, el decomiso de alucinógenos fue de 144 gramos por día; en el período que va del 1º de enero al 10 de julio de 2019 se redujo a 32 gramos por día. Lo que puede significar que los portadores de la dosis personal han tomado sus precauciones o que el entusiasmo gubernamental se ha debilitado.
Durante el período de la lucha contra la dosis personal han aumentado los atracos a los ciudadanos 10,8 % en el país y 19 % en Bogotá. ¿Es prioritaria esta vana lucha o mejor utilizar a la policía para proteger al ciudadano? Para la policía es más sencillo perseguir a los jóvenes que portan la dosis personal o a los compradores de empanadas que enfrentar a los atracadores o bandas criminales; para la sociedad parece preferible que la prioridad sea su protección.
Los escasos resultados muestran que no se está controlando a los mayoristas o minoristas de distribución de drogas que sí están ejecutando una conducta criminal.
El Gobierno está invirtiendo muchos esfuerzos en desgastarse con decisiones ineficientes, como las objeciones a la JEP y ahora reformar la justicia para que se garantice la inmunidad a los “buenos muchachos” del CD.
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