Parámetros

Las Farc estaban debilitadas, pero no derrotadas cuando se inició el proceso de La Habana. Los dirigentes de la guerrilla no iban a firmar un acuerdo de paz para terminar detrás de las rejas o extraditados.

El parámetro que sobre estos puntos fijó en el 2006 el entonces presidente Uribe es que “si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, eso hay que removerlo, ese obstáculo, y seguramente habrá que removerlo en una norma constitucional. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico, que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Seguramente en un acuerdo de paz con las guerrillas eso habrá que llevarlo a un texto constitucional”. Los actuales negociadores no acataron esas directivas, no hubo amnistía total, como la quería Uribe.

Sobre la participación de los guerrilleros desarmados en el Congreso, las curules no se otorgan arbitrariamente, deben participar en las elecciones y el número es menor que las que tuvo la Unión Patriótica antes de ser exterminada por los grupos armados de ultraderecha.

Otro punto del acuerdo que causa controversia es el pago que hará el Gobierno a los guerrilleros desmovilizados. Se les otorgan $600.000 mensuales durante dos años, por una sola vez se les otorgan $2’000.000, y hasta $8’000.000 adicionales si realizan un proyecto productivo. Esta cifra es menor que el parámetro puesto por el expresidente Uribe en la desmovilización de las autodefensas: entre el 2003 y 2006 se les dieron $637.000 mensuales, cifra equivalente a $1132.000 de hoy, casi el doble de lo que reciben los guerrilleros desmovilizados. Aun si se toman en cuenta los $10’000.000 que tendrían para proyectos productivos, los negociadores del proyecto Santos con las Farc fueron más austeros que los del gobierno Uribe con las autodefensas.

Los costos de la paz son inferiores a los de la guerra. La mayor parte de estos corresponden a inversiones que el Gobierno debe hacer de todas formas para reducir la brecha entre sector urbano y rural y para mejorar los servicios que debe prestar un Estado moderno. Como dice la propaganda de una tarjeta de crédito: “Hay cosas que el dinero no puede comprar”. ¿Cuál es valor de 2.000 muertes evitadas o de 200.000 desplazados menos?

Desde el cese unilateral del fuego decretado por las Farc, el país vive de hecho el fin del conflicto con ese grupo guerrillero. Esta sensación de “paz” tiene un riesgo: estamos acostumbrándonos a ella y alguien puede creer que votando No se mantendría el cese el fuego. Olvidan el escalamiento del conflicto cuando el año pasado se rompió la tregua unilateral. Estos costos los pagaron los habitantes de las regiones más pobres.

Los habitantes de las ciudades tienen la obligación moral de votar Sí para reducir el sufrimiento de los habitantes de poblaciones pequeñas y rurales, que serían los más afectados al reiniciarse la confrontación.