Seguridad sin límites

Era una selección sin editar de las cintas de video filmadas por las cámaras de seguridad de una institución educativa. La entrada mostraba a los estudiantes, profesores y administradores en actitud de estar traspasando barreras prohibidas, como si fuera el ingreso a un centro de detención de mediana seguridad. Los estudiantes en las bibliotecas, al sentirse vigilados y filmados, no podían comportarse con la naturalidad de la juventud. Por supuesto, la reducción de hurtos tiende a justificar las fuertes medidas de vigilancia. Puede cuestionarse si se justifica renunciar a  la espontaneidad del comportamiento juvenil de toda una institución, en aras de evitar el robo anual de uno o dos computadores. No tengo la respuesta. A los estudiantes de la Tadeo les he hecho la anterior pregunta; la mayoría coincide en que las medidas de seguridad no deben ser tan intensas y molestas que además conlleven una violación de la privacidad.

Un ejemplo más complejo es la Seguridad Democrática. Por supuesto que el Estado tiene el derecho y el deber de combatir a quienes ilegítimamente pretenden hacer proselitismo armado. En una democracia, sólo el Estado, con los controles del poder civil, tiene el monopolio de las armas. Pero el discurso de la Seguridad Democrática, estimulando el militarismo, la guerra y el principio de “todo vale” como únicas soluciones al conflicto, se convierte en caldo de cultivo para las flagrantes violaciones a los Derechos Humanos. Así, el calificar de terroristas, enemigos de la patria y cabezas de la serpiente de la guerrilla a quienes no comulguen con la política oficial propició la expedición de leyes, declaradas luego inexequibles, que permitieron detenciones masivas, violación de correspondencia privada sin orden judicial, limitaciones a la libertad de residencia y movilidad. Los estímulos monetarios al denominado “conteo de cuerpos” incentivaron el horror de los asesinatos fuera de combate. El reiterado ataque del Ejecutivo a las instituciones que deben juzgar a miembros del Congreso, la mayoría de ellas de partidos del Gobierno, se convirtió en una autorización moral al DAS para perseguir e intimidar a magistrados y políticos de la oposición convirtiéndolo en policía política, como la KGB, o la Stasi o, para no ir tan lejos, como el odioso SIC (Servicio de Inteligencia Colombiano) que ejerció esas funciones durante la época de la dictadura militar.

Hay una tendencia mundial, reforzada a partir de los atentados del 11 de septiembre, a reducir las libertades ciudadanas en aras de combatir el terrorismo. Esto ha llevado a los peores excesos. Basta pensar en las torturas infligidas en Guantánamo, en Abu Grabi y en cárceles prestadas por terceros países. La definición de terrorismo se va ampliando hasta abarcar actos de simple oposición, marchas pacíficas y movimientos cívicos o sindicales. La utilización del miedo, real o ficticio, se convierte en una eficaz política para justificar los gobiernos “fuertes”, eufemismo para calificar a los que no respetan los Derechos Humanos ni sus defensores y que creen que el fin justifica los medios. Estos gobiernos generalmente buscan prolongar su permanencia en el tiempo, o perpetuarse en el poder, recurriendo a diferentes métodos, aún los legítimos.

* Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano