Sí

El acuerdo de justicia transicional, que se aplica a los rebeldes, a los agentes del Estado y a quienes hayan incurrido en delitos relacionados con el conflicto, excluye amnistías e indultos a los graves crímenes de guerra, como son el genocidio, la toma de rehenes, el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, el desplazamiento forzado y todos los delitos de lesa humanidad, definidos en el Estatuto de Roma. No hay “impunidad total”.

Para tranquilidad del jefe del Centro Democrático, el acuerdo es explícito en que no se modifican las normas de juzgamiento para quienes hayan ejercido la Presidencia de la República.

Periódicamente el expresidente Uribe menciona que el acuerdo con las Farc busca meterlo a la cárcel. Tal vez su inquietud surge por la responsabilidad que tuvo como comandante supremo del Ejército en los llamados falsos positivos, desencadenados por una directiva del Ministerio de Defensa, minimizados por su comandante al afirmar que “más que falsos positivos son falsas denuncias” y justificados con el argumento de que los jóvenes que fueron asesinados para obtener beneficios económicos o mejoras en las estadísticas de la seguridad democrática “no estaban recogiendo café”.

A diferencia del acuerdo de amnistía con el M-19 que no cobijó a las Fuerzas Militares, por decisión de estas, el acuerdo Gobierno-Farc se aplica a todos los que participaron en el conflicto e incluye también a los ciudadanos que apoyaron, no coaccionados, a las fuerzas rebeldes. Los extorsionados son víctimas.

A los miembros del Ejército se les aplica la presunción de legalidad respecto a los delitos cometidos relacionados con el conflicto armado. A los rebeldes, por estar en la ilegalidad, se presume naturalmente que sus acciones son contrarias a la ley. Esto desvirtúa las apreciaciones en el sentido de que miembros del Ejército serían juzgados sin el derecho a la presunción de inocencia y por tribunales definidos por las Farc.

A la observación en el sentido de que va contra el honor del Ejército que se juzgue, al igual que a los subversivos, a algunos de sus miembros que cometieron delitos, debe hacerse la siguiente precisión: en las democracias la ley penal es más severa contra servidores del Estado que cometen un delito, que si este delito es ejecutado por un particular. Si un atracador realiza un robo a mano armada, su pena es inferior a si el mismo robo es realizado por un miembro de la fuerza armada, en este caso se está violando la confianza y la autoridad que le da la sociedad para que porte un arma.

Por lo tanto, aplicar el mismo rasero a guerrilleros y a miembros del Ejército que hayan incurrido en delitos de guerra no amnistiables, lejos de poner en situación de inferioridad jurídica a los legalmente armados, les otorga una ventaja que se suma, como es natural, a la presunción de legalidad de sus acciones. Sí a la Paz, la Paz querida.