“Cajamarca dos semanas después»

Pero por el otro lado, falta también conciencia del legítimo sentimiento de quienes viven en el vecindario los costos sociales, económicos y ambientales de la extracción, aún de aquella que se hace con apego a la ley. Dos semanas después del referendo en Cajamarca, y con una larga cola para próximos procesos de participación, surgen varios interrogantes aún no resueltos. El primero de ellos: ¿cuál es el modelo de desarrollo sostenible que queremos como país?. Es perfectamente posible tomar la decisión como sociedad de no acompañar el crecimiento con minería e hidrocarburos, pero la pregunta que habría que hacerse es ¿como encontramos una nueva fuente de financiación para la política social, las necesidades de infraestructura y en general las necesidades fiscales presentes y futuras?. Este sector llego a representar el Colombia 50% de las exportaciones, 7% del PIB y 20% de los ingresos fiscales.

Una segunda duda es si ¿es equivocado o acertado imaginarse una salida a al dilema entre país verde versus país minero?. Si dicho dilema fuese insubsanable, ¿cómo han existido naciones como Australia, Canadá o Noruega, que han logrado aprovechar sus recursos naturales, a la vez que logran un desarrollo sostenible?.

En tercer lugar, ¿no será que al impedir el desarrollo minero legal o formal, estamos alimentando o siendo caldo de cultivo a la minería ilegal?. Aún en regiones que se opongan a la extracción, siempre racionalmente habrá alguien interesado en aprovechar la mayor rentabilidad de quien produce sin la los costos de la formalidad.

En cuarto lugar, ¿no será este un buen momento para lograr un sano entendimiento de lo regional y lo nacional en el desarrollo?. Con juiciosos datos, el Profesor Manuel Rodríguez demuestra qué hay diferencias significativas en municipios de vocación minera respecto de aquellos que no lo son, en impactos sociales indeseables como mortalidad infantil, población el condiciones de miseria y muertes violentas.

En simultánea con lo anterior, merece especial atención y reflexión que lo local no termine poniendo en riesgo el interés del desarrollo nacional. Me recuerda esto la historia de dobles calzadas y la decisión de las autoridades locales para no permitir la construcción de esas avenida en las afueras de un municipio, justamente para preservar el interés local del tránsito por el pueblo. Muchas veces será necesario privilegiar cuidadosamente el bien público sobre el bien particular, con el cuidado también de no violentar una decisión

local que fue tomada en el marco de una institucionalidad vigente.

Adicionalmente, es necesario también tener presente que decisiones tipo Cajamarca pueden generar costos importantes de desconfianza en los inversionistas, por el desconocimiento de la legítima tenencia de títulos mineros (cuando fuere del caso). La seguridad jurídica es un activo muy valioso que evita millonarias demandas al estado que pagaremos todos los contribuyentes, así como anima la inversión extranjera directa.

Finalmente bien vale la pena reflexionar que es conveniente, en decisiones del calibre de las que se han debido tomar en Cajamarca, que el Estado actúe con información, equilibrio e independencia. Para poder ratificar si un proyecto es viable o sostenible, debe tenerse un marco de conocimiento que no se subsana con un ejercicio que por más democrático que sea, puede adolecer de la capacidad para concluir sobre la viabilidad técnica de un proyecto. La conclusión es que este no es un tema binario de 1 o 0 o de sí o no. Aquí caben los grises. Obviamente no faltará los que quieren presionar el sí por intereses de capitalismo salvaje o los que quisieran capitalizar con el no réditos de proselitismo político. Pero dos semanas después, mi invitación es a que hagamos un debate maduro, racional y urgente en soluciones.