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Luego de una semana de anuncio formal de la reforma tributaria, empiezan a aparecer los detractores y amigos de la misma.
Leyendo y releyendo comentarios sobre el articulado, así como sobre la exposición de motivos, no sobran los adjetivos que oscilan entre “la más nefasta reforma tributaria de todos los tiempos” y “la mejor reforma tributaria en la historia reciente de nuestras finanzas públicas”. Ante semejantes apreciaciones tan distintas, es bueno hacer un análisis desapasionado y justo.
Sin duda, no se trata de una reforma perfecta. Como lo han expresado los miembros de la Comisión de Reforma Estructural, a quienes se les puso bolas en un 70 %, la reforma se quedó corta en eliminar beneficios y exenciones, en la propuesta de gravar los dividendos, y le faltó valentía para gravar las pensiones altas e incorporar muchos más bienes como gravados con IVA. A mi juicio, también nos quedamos con ese triste, antitécnico y contrario a la inversión impuesto del cuatro por mil, que, luego de ser transitorio, se nos volvió definitivo. Al no ser una propuesta completa, algunos detractores quedaron desilusionados con la reforma estructural y ven con preocupación que la reforma no sea capaz de llegar a recaudar los 24 a 30 billones que necesita el país, cuando a duras penas estima un recaudo de unos 7 billones en 2017.
Otros contradictores, siguiendo el camino sencillo del populismo tributario que implica oponerse a la reforma sin ninguna alternativa, descalifican de entrada el IVA. Se les olvida a estos señores que, del recaudo total de la reforma, más del 100 % corresponde a la modificación del IVA. Como quien dice que, si se van a oponer a esta propuesta, lo mejor es que tengan una alternativa, porque de lo contrario no hay reforma ni para cubrir el hueco fiscal de los primeros meses de 2017. Se les recuerda también a estos señores que, de preferir seguir aumentando los impuestos a las personas jurídicas, terminamos en el juego de “patear la lonchera”, que significa destruir capacidad productiva del país y forzar a que más empresas abandonen nuestra nación para asentarse en otros países donde sea competitivo el sistema tributario.
Para estos mismos irresponsables sujetos, las calificadoras de riesgo son poco importantes y, me imagino yo, no les inquieta que la nación pierda el grado de inversión. Para un lector desprevenido, esto puede significar la elevación del endeudamiento del país, con impactos adicionales en menor llegada de inversión extranjera y un deterioro de la confianza en el país, que nos hace menos competitivos. Francamente, es la estrategia de tirarnos por el barranco.
Finalmente, vienen las críticas desde sectores particulares que se han visto individualmente afectados. Algunos de estos argumentos podrían aceptarse, pero en estos casos es prudente que el Gobierno piense el proyecto con sentido macro y no micro. Eso significa que debe evitar, a toda costa, que el proyecto termine deshilachado por la fortaleza del lobby de sectores particulares. Un Estado debe tener la capacidad de valorar qué le conviene o qué no a un país, con una mirada general y de construcción de futuro.
Y mientras aparecen más críticos que se lean el articulado de la reforma, es justo señalar que ella tiene un especial e interesante acento en la evasión, pero que la efectividad de aumentar el recaudo de 7 a 24 billones dependerá de los dientes que tenga la DIAN para hacer exigibles o para forzar a los contribuyentes a cumplir con lo que plantea la reforma. Son positivos los controles a las entidades sin ánimo de lucro, el monotributo, las medidas para penalizar la evasión grande, las iniciativas tipo OCDE para evitar el uso de paraísos fiscales y los topes de uso de efectivo, pero la mayoría de esto no funcionará con el estado actual administrativo y de capacidad técnica, informática y operativa de la DIAN.
Lo que alcanzamos a ver es una reforma que tiene luces parciales interesantes, que simplifican el sistema, lo hacen más competitivo, más progresivo y con voluntad de control a la evasión, pero su éxito en el recaudo de recursos dependerá aún de la capacidad de implementación.