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Una aproximación al título de la columna sugeriría que el tema de discusión haría referencia a la moneda denominada “bitcoin”, que ha generado tanto debate en Colombia.
Debate que viene con alerta incorporada a todos los usuarios de dicha moneda electrónica, por ser un dinero que no tiene curso legal, no tiene respaldo en activos físicos, ni en un banco central, ni en reservas de nadie. Por tanto, hoy dicha moneda electrónica no es más que un peligro para sus usuarios, al enfrentarse a fenómenos especulativos indeseados e incontrolables.
En realidad se trata de plantear de nuevo el debate entre el efectivo y las transacciones electrónicas, y de esta forma proponer nuevos mecanismos de inclusión financiera, como recomendó recientemente la presidenta de Asobancaria. Para nadie es un secreto que en Colombia la proporción de preferencia del efectivo es excesivamente alta, llegando a casi un 50%, cuando en países vecinos, como Chile, no supera el 20% y en otros más desarrollados, como Corea, Reino Unido o Suecia, no supera el 10%.
El fenómeno en mención se acompaña de efectos preocupantes para la sociedad y la economía. El exceso de efectivo alimenta la economía informal y suele estar cargado de delito, corrupción, evasión e ilegalidad. De igual forma, cuando el efectivo no circula en el sistema financiero, debilita la capacidad de la propia economía para traducir el ahorro en inversión y le resta capacidad de crecimiento al sector productivo.
No sobra decir que si seguimos una campaña exitosa que ha venido aumentando la formalidad laboral, sería igualmente recomendable elevar la inclusión financiera, que es otra fuente exitosa de formalidad en la economía y que trae beneficios en el mediano plazo.
Naturalmente, esta propuesta no está exenta del debate de posiciones, y vale decir que cada una de ellas tiene parte de la razón. De un lado, las entidades financieras argumentan acertadamente que el acceso al sistema financiero masivo es potencial de contribución al crecimiento por la vía de que los menores ingresos o los nuevos motiven mayores niveles de inversión y consecuentemente contribuyan a reducir la pobreza y la desigualdad. Del otro lado aparecen voces ciertas en el sentido de que un primer paso para convertir el efectivo en transacciones electrónicas debe ser el ordenamiento adecuado y el control cuidadoso en el tema de costos del sistema financiero, evitando las tarifas excesivas o los rubros de costo.
Dicho lo anterior, el deseable paso a disminuir el efectivo requiere también una coherencia del Gobierno. En la medida en que siga existiendo un impuesto a las transacciones financieras (4 x 1.000), independientemente de la bondad del objeto de su recaudo (agro, paz, terremotos, etc.), será imposible desmotivar las transacciones en efectivo que justamente buscan eludir semejante impuesto tan antitécnico. Como prueba de su inconveniencia, basta recordar que antes de este impuesto, el porcentaje de preferencia por el efectivo no superaba en Colombia el 30%.
Es indispensable, en referencia al sistema financiero, la reducción en las distorsiones al mercado financiero que suelen presionar al alza los costos del mismo y generan una posible dificultad en la reducción en los costos de las transacciones financieras. Sorprenden, por ejemplo, distorsiones en un mercado donde poco se controlan muchas actividades de crédito a tasas exorbitantes en entidades no vigiladas.
Finalmente, en el camino señalado de la inclusión financiera es igualmente indispensable simplificar los trámites, aumentar el alcance de la banca móvil y los operadores o corresponsables bancarios (que ya funcionan en muchos pueblos del país) y simplificar el acceso al crédito a los usuarios normales.
La inclusión financiera (con menos efectivo) es fuente de crecimiento y desarrollo.
*José Manuel Restrepo Abondano
jrestrep@gmail.com / @jrestrp
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