La crisis en La Guajira: inequidad y la maldita corrupción

Su muerte se suma a la de otros 21 niños pertenecientes a las etnias wayuu, en La Guajira, y embera, en Chocó, que durante lo corrido de 2016 han fallecido por desnutrición, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Tristemente son en total ya cerca de 5.000 niños colombianos fallecidos por desnutrición en los últimos ocho años.

Al analizar las causas de la actual crisis humanitaria se encuentran múltiples explicaciones: por una parte, algunas de origen natural como la árida geografía de La Guajira y el impacto que el fenómeno de El Niño ha traído sobre las reservas de agua y la producción de alimentos; pero por otro lado se encuentran factores como el cierre de la frontera con Venezuela, la misma cultura de algunas etnias indígenas (que da prelación a los adultos, y en algunos casos incluso deja en manos de los niños la difícil consecución de agua, como sucede en la ranchería Jellusira, corregimiento de Musichi), y la repudiable corrupción. Es que, a pesar de los importantes planes que ha desplegado el Gobierno Nacional a través de valiosas iniciativas, como la denominada “Alianza por el agua y la vida en La Guajira”, que está desarrollando diligentemente el Ministerio de Salud y Protección Social, históricamente se ha visto que buena parte de los fondos destinados a la alimentación en estas zonas del país no llegan a sus beneficiarios, sino que “desaparecen” por la ineficiencia y la corrupción.

Si bien es cierto que se requieren medidas de choque por parte de las agencias gubernamentales, como la anunciada apertura de dos Centros de Recuperación Nutricional en Manaure, la tragedia de La Guajira y Chocó evidencian la necesidad de generar estrategias efectivas para que los distintos sectores de la sociedad tomen conciencia de las necesidades urgentes de las regiones, en particular de aquellas relacionadas con el bienestar de los niños, quienes merecen siempre un cuidado prioritario. Quienes vivimos en las ciudades solemos olvidar que la realidad del país es otra, que las comodidades a que tenemos acceso como si fueran un derecho natural son privilegios y apenas sueños para buena parte de la población: disfrutar de beneficios como acceso a alimentos, agua potable, vestuario, vías de comunicación, centros de salud, de educación y una vivienda digna, entre otros. Ello nos debe hacer más responsables, sensibles y solidarios.

Esta responsabilidad es mayor aun para los gobernantes, los empresarios y, en general, los líderes de nuestro país, quienes deben trabajar en pro de un crecimiento más equitativo, con justicia social y conciencia ambiental.

Pero un camino igualmente necesario es hacer conciencia sobre la urgencia de un modelo económico para quien la equidad sea un propósito central. Un modelo de crecimiento y desarrollo que no sólo transforme a las grandes ciudades del país, sino que también lo haga con las regiones más olvidadas. Los avances en construcción de un mayor ingreso per cápita tienen que ir de la mano con igualdad de oportunidades para todos y en especial con las distintas regiones del país, en servicios básicos como alimentación, vivienda, salud y educación de calidad.

Finalmente, es indispensable enfrentar el cáncer de la corrupción que carcome nuestra sociedad, nuestros líderes, nuestros valores. No podemos seguir indiferentes a un problema frente al que la reacción de la mayoría “limpia” sigue siendo tibia. Debemos levantar la voz con fuerza cuando casos como los anteriores nos enfrentan a cómo la corrupción, además de robarse presupuestos públicos, también se lleva la vida de inocentes.

Sin equidad y con corrupción la paz será incompleta e inestable.

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