Por una política económica en defensa de los más viejos

Uno de estos últimos temas fue el que presentaron a la Nación Fedesarrollo y la Fundación Saldarriaga Concha en una nueva investigación bajo el sugestivo título Misión Colombia Envejece: Cifras, realidades y retos de un país que envejece aceleradamente y necesita prepararse. Lo valioso del documento y de sus conclusiones y recomendaciones es que, no sólo caracteriza una nueva realidad nacional, sino que además propone acciones concretas para enfrentar el desafío que de allí se deriva. Es sorprendente constatar el cambio demográfico que vive el país desde 1985 hasta la fecha y que lleva a que hoy tengamos un 50% más de población mayor de 60 años y que para el año 2050 ya se estime que dicha población será tres veces más de la que tuvimos ayer. Estos hechos suponen cambios importantes en materia económica, relacionados entre otros con temas como el sistema pensional, la salud, la educación, los mercados laborales, el ahorro y las políticas de protección social.

Entre las conclusiones del estudio hay algunos temas que merecen atención inmediata y que han sido objeto de debate reciente. Sobresale la urgencia manifiesta de una reforma pensional y de ajustes a la política laboral. La reforma pensional necesita atender los nuevos datos de esperanza de vida, la equidad en el acceso pensional para hombres y mujeres y la necesaria sostenibilidad económica del modelo.

No podemos seguir funcionando sobre la base de un modelo pensional que es inequitativo con la mujer al no reconocer el costo en el ahorro pensional durante el período de maternidad, pero mucho menos un modelo que, sabiendo que no es sostenible en el largo plazo, siga manteniendo una edad baja de jubilación y un confuso modelo mixto de pensiones en el que sabemos que el régimen de prima media acarrea dificultades fiscales que año tras año son más complicadas para las finanzas públicas. Peor aún, no tiene sentido seguir sosteniendo un modelo que pensiona a los privilegiados y deja al 90% de las personas de zonas rurales y al 88% de las personas menos educadas (sólo con educación primaria) totalmente desprotegidas en la vejez.

El sistema pensional actual está cocinando una bomba social de tiempo, que las actuales generaciones de jóvenes tendrán que desactivar cuando ello no sea posible y cuando la actual generación responsable de la política pública no esté allí para responder por la negligencia de no cambiar el sistema a tiempo.

En lo laboral, el llamado es a reducir la informalidad, a flexibilizar las contrataciones laborales del adulto y a encontrar mucha más flexibilidad en el trabajo de quienes tienen a su cargo adultos mayores, a aprovechar en el mercado laboral la sabiduría de los mayores y a acompañar estos esfuerzos con políticas que apoyen la educación de los hijos (como los nuevos modelos de crédito de Icetex o el programa Ser Pilo Paga II), a ilustrar sobre temas de educación básica en finanzas personales y a garantizar la vivienda y permitir en la vejez tener acceso a la liquidez invertida en ella.

De no actuar, tal como lo califica el propio estudio, seguiremos cultivando una sociedad “indecente”, en la que casi el 50% de la población de más de 65 años vive en la pobreza. Y siento anticipar que, de seguir con las políticas actuales, a la vuelta de 35 años podríamos llegar a que sean el 70% o más las personas denominadas adultos mayores en situación de marginalidad, asunto que sería no sólo indecente sino indigno.

Afortunadamente aún hay tiempo de actuar, y estudios como éste nos hacen conscientes del desafío.

jrestrep@gmail.com / @jrestrp