Y dale con el 4×1.000

Este tributo, que se parece ya más a un “bombero apaga-incendios”, se ha convertido en más de 15 años en el aliado natural de los gobiernos para enfrentar situaciones difíciles que requieren recursos fiscales adicionales. Llámese un terremoto (Eje Cafetero) o la crisis de un sector (financiero) o las necesidades en materia de seguridad y defensa nacional. Cualquiera de estas razones se han expuesto como justificación de un tributo que a todas luces es antitécnico y tremendamente destructivo con el desarrollo productivo. Ahora, como resultado de los “paros nacionales”, se convirtió en la salida financiera para solventar la crisis  agraria.

Naturalmente su bondad radica más en razones pragmáticas para su recaudo. Difícilmente se puede encontrar un tributo tan fácil de recaudar y controlar, y que pueda aportar más de un 6% del recaudo impositivo nacional. Tiene además la característica de su inmediatez en el efecto, de tal manera que rápidamente se convierte en una solución a la hacienda pública.

Sin embargo, su efecto en la economía es tremendamente peligroso. De un lado motiva la desbancarización, afecta el crecimiento en la economía (al no lograr que el ahorro se convierta en inversión), y, de otro lado, al gravar el ahorro (en un alto porcentaje, pues se convierte en un costo adicional que genera incluso rendimientos netos negativos) y promover la no formalidad bancaria, puede convertirse en una fuente de pobreza y subdesarrollo. Finalmente, tiene el efecto comprobado en Colombia de que el recaudo en valor absoluto no crece al mismo ritmo al que crece la tarifa. Al contrario, el contribuyente aprende a evadirlo y cada vez lo hace con mayor eficacia. De cierre, el impuesto a las transacciones financieras presiona al alza la demanda de efectivo que es justamente un mal que debemos controlar.

 Mientras Suecia, Chile y Corea del Sur manejan sus transacciones con efectivo entre un 5 a 20%, Colombia supera el 48% de sus transacciones con dinero líquido, situación que como han demostrado algunos líderes del sector financiero, estimula la economía ilícita, expresa subdesarrollo y eleva la inseguridad.

 El resultado también es que los colombianos se acostumbran a no estar bancarizados para evitar el impuesto a sus transacciones financieras. Tal como lo demuestra el Banco Mundial, Colombia hoy ocupa el deshonroso octavo lugar entre 18 economías de América Latina en penetración de cuentas de ahorro y donde apenas un 6,8% de los pagos son electrónicos, cuando en países como Australia y Finlandia superan el 80%.

Sin duda una razón para tan alta demanda de efectivo son los altos costos (muchas veces insensatamente exagerados) de nuestro sector financiero, que aún merecen corregirse de manera significativa a la baja, pero adicionalmente poco o nada ayuda un impuesto como el 4×1.000, que se ha convertido ya en un “vicio” de la estructura tributaria de la nación. Enhoramala se quedó con nosotros el 4×1.000 varios años más. Debiésemos aprender de países vecinos como Chile, Ecuador y Brasil que hace rato lo desmontaron por ser inconveniente para la economía.

 DE POSTRE

Ya que se viene el debate sobre el incremento del salario mínimo, propongo que dicho ajuste se base no sólo en inflación esperada o la productividad laboral o que tampoco responda solamente a aminorar los altos costos laborales para el empresario, sino que de verdad tomemos en cuenta el concepto de “salario básico vital”, es decir, tengamos en consideración la real capacidad del salario para atender las necesidades mínimas vitales de una familia colombiana. Un incremento basado en esto último podría ser un buen mensaje en el camino de la equidad, que se convierte en una fuente de construcción de un país más justo y en paz.