Hay que cerrar universidades (II)

Desde esa fecha a hoy, Colombia estuvo paralizada en su función de vigilar el sistema de educación superior y dejó prosperar el anunciado caso de la Universidad San Martín. Ni las pruebas de Ecaes ni los engorrosos procesos de acreditación han resultado en la necesaria depuración del sistema, pues nadie tiene la autoridad política y menos moral de cerrar varias universidades del país que sólo constituyen fortines políticos y burocráticos, en muchos casos alcahueteados por los miembros de nuestro Congreso, comprados de forma barata con inmerecidas condecoraciones y grados honoris causa de rectores y dueños.

El Gobierno repite el cliché de la necesidad de una educación con calidad para el desarrollo económico y la competitividad, pero preocupado sólo por la cobertura y mercantilizando la ilusión de juventudes sin futuro que se suman al “baile de los que sobran”, perpetuando la inequidad, la falta de inclusión e inmovilidad social de Colombia, donde terminar una carrera profesional en una universidad del montón no sirve de nada, no deja nada, salvo una deuda impagable. La cartera morosa del Icetex ya supera el escandaloso 30%.

Ecuador nos dejó botados, no sólo en infraestructura y competitividad, sino también en gobernabilidad con la valiente medida del Conea de hace años. Mientras tanto, el modelo mercantilista de educación en el país sigue, con una política de subsidios a la demanda, es decir, sufragando las matrículas a quienes quieran estudiar en universidades privadas, mientras se adelgazan los estímulos a la oferta de las universidades públicas, cada vez más marginadas, no sólo de recursos sino también de las élites de poder, que las discriminan como fuentes de revolucionarios sin causa. Política educativa en reversa.